Hacienda avala ofertas para concursos públicos muy por debajo del salario mínimo
La empresa SDLE ganó un contrato con Defensa con una oferta de sueldo de 2,73 euros la hora
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, considera que el hecho de que una empresa se presente a un concurso público ofertando un coste de la hora de trabajo “muy por debajo del salario mínimo” interprofesional —en concreto 2,73 euros— no resulta relevante, ya que “el hipotético incumplimiento de la legislación laboral no constituye causa suficiente para el rechazo de la oferta presentada”.
La resolución del Tribunal Administrativo Central da la razón a la firma SDLE, que en marzo pasado ganó un concurso de reparación de conjuntos y subconjuntos del blindado Centauro del Ejército de Tierra, por un valor estimado de 2,4 millones de euros. SDLE se llevó el contrato ofertando un descuento del 92,20% sobre el valor de la hora de trabajo, fijada por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE) en 30 euros.
La firma JPG, clasificada en segundo lugar entre los tres licitadores, alegó que el precio ofertado por la ganadora (2,73 euros por hora de trabajo) estaba “muy por debajo del salario mínimo más los costes de la Seguridad Social”. Hacienda le da la razón, pero recuerda que la propia recurrente hizo una oferta (5,25 euros/hora) “también inferior al coste salarial mínimo”, que sería de 6,86 euros, incluidas las cuotas sociales, en 2016.
Todo ello resulta, sin embargo, irrelevante para Hacienda, pues “el cumplimiento de la normativa laboral es una cuestión relativa a la ejecución del contrato, momento posterior y ajeno al expediente de licitación”. Es decir, se puede adjudicar un contrato a una oferta que incumpla la legislación laboral, aunque su incumplimiento al ejecutarla podría ser objeto de sanción.
La resolución rechaza el segundo argumento del recurso: que la oferta ganadora incurría en baja temeraria. También en este caso Hacienda da la razón al recurrente, pero le acusa a continuación de incurrir en el mismo vicio que denuncia. “Todas las ofertas serían en principio desproporcionadas, pues los tres licitadores propusieron descuentos o bajas muy por encima del 25% sobre el precio unitario máximo establecido en los pliegos”, subraya. En efecto, frente al 92,2% de la adjudicatatia, JPG descontó un 85% y la tercera clasificada, un 41%.
Bajas temerarias
Hacienda señala que, aunque “el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas podrá apreciarse” por el contratista, eso no significa que esté obligado a hacerlo. Corresponde a Defensa decidir si quiere pagar a 2,73 euros la hora al mecánico que manipula un blindado cuyo coste por unidad ronda el millón de euros.
Según la resolución, el vocal técnico del Mando de Apoyo Logístico del Ejército habría contrastado con la firma adjudicataria “la viabilidad de la prestación del servicio en base a los acuerdos y apoyos con los que contaba”. Es decir: no estaría capacitada por sí misma para cumplir el contrato, sino que requeriría de apoyos externos que no especifica.
Para avalar una oferta por debajo del salario mínimo, Hacienda da por buena la afirmación de la empresa adjudicataria de que “los trabajadores que vayan a efectuar las reparaciones no cobran exclusivamente por las horas dedicadas al cumplimiento del contrato”; y aventura que, al hacer su oferta, la empresa ha “debido considerar más cuestiones que las relativas a la retribución de los trabajadores”.
No explica a qué cuestiones se refiere. Podría aludir al hecho de que el Ejército adjudicó a la misma firma otro contrato de piezas de repuesto para el Centauro por 2,4 millones, aunque solo ofreció en este caso el 1% de descuento. Para que SDLE ganara hizo falta que no se admitiera en el concurso, por problemas burocráticos, al fabricante de los repuestos, y que la empresa que presentó la mejor oferta se retirase a última hora.
Contratos militares en los tribunales
El contrato de los Centauro no es el único de mantenimiento de blindados del Ejército con polémica. El concurso para mantener los RG-31, vehículos diseñados para resistir atentados con artefactos explosivos (IED) que las tropas españolas emplean en zonas de conflicto como Irak o Líbano, está ya en los tribunales. Santa Bárbara Sistemas, la firma que suministró los RG-31 al Ejército, ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Madrid el concurso ganado por la empresa ITE, que ofertó una rebaja del 89% en la mano de obra (7,7 euros/hora) y del 69% en los repuestos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
