Lo que de verdad opinan los empresarios de los políticos

Fue llamativo que en la 25 Asamblea General del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), celebrada el pasado martes en Madrid, no se incluyera en la encuesta que la organización hace dos veces al año entre sus asociados la pregunta sobre la valoración de la situación política, algo que era habitual desde que se instauró en 2013. La organización aduce, y en parte es verdad, que la han retirado porque, al arrojar siempre una calificación muy negativa, se llevaba todos los titulares en detrimento de sus reivindicaciones, como peticiones de reformas y otros menesteres del ámbito económico. Pero, en el fondo, también se debe (casi más) a que, teniendo a Mariano Rajoy como invitado, era un riesgo (como ya les ha ocurrido en años pasados con el mismo protagonista y no lo pasaron bien) a que la calificación volviera a ser un suspenso rotundo a los políticos y se tuvieran que poner colorados.

Y con el PP inmerso en continuos casos de corrupción; el PSOE precipitándose hacia la descomposición si alguien no lo arregla; Ciudadanos, sin convencerles todavía, y Podemos, fuera de su radio de acción orbital por razones bastante obvias, las perspectivas no eran realmente buenas para aventurarse. De hecho, ya le dieron un suspensísimo en el Congreso de la Empresa Familiar de A Coruña del pasado octubre, con la concesión de 1,79 sobre nueve (mucho menor que en la encuesta de mayo del año pasado, que había sido un 2,2) y no ha pasado tanto tiempo como para darle la vuelta a la tortilla. Nunca, desde que se hacen las encuestas, los empresarios familiares han aprobado la situación política y pocas veces la económica, que en esta última alcanzó el máximo del 5,88 (5,31 en octubre).Al menos en esto, aunque el aprobado no sea alto, mejora.

Pero que los empresarios oculten la opinión no significa que no la tengan. Y, sobre la situación política, es mala. Los empresarios son gente dada a evitar manifestaciones contra el poder establecido y, como mucho, cuando las dan se escudan en el anonimato. Pocos osan dar la cara, con excepciones contadas en la presentación de resultados o juntas de accionistas y normalmente cuando las cosas se han puesto muy candentes. En ese sentido, los empresarios piensan que la situación política sigue en mínimos con pocos visos de cambiar y son pocos políticos a los que salvar. Por eso se centran en sus reivindicaciones; pero tampoco confían mucho en que el actual reparto parlamentario permita abordar las reformas que a su juicio necesita el país.

Que los empresarios oculten su opinión no significa que no la tengan. Y, sobre políticos, es mala.

El martes, en la citada asamblea, el presidente de turno del IEF, Ignacio Osborne, puso sobre la mesa las 50 propuestas del estudio La dimensión empresarial como factor de competitividad que presentó en abril para apoyar el crecimiento empresarial, mejorar la competitividad y fomentar la internacionalización de la empresa. Y, como principales, “una decidida apuesta por la formación dual y un Pacto de Estado por la Educación, que recoja la opinión de todos los agentes implicados y cuente con consenso político; una profunda simplificación y racionalización del marco regulatorio y normativo, ya que la actual maraña existente es responsable en gran medida del menor crecimiento de las empresas españolas, y someter, de forma obligatoria, a todos los entes públicos y Administraciones a auditorías privadas, para mejorar la eficiencia en la gestión pública”. “Ahora que se comienza a superar la crisis, ha llegado el momento de acometer reformas de calado”, afirmó Osborne, quien resaltó que en el cuarto de siglo que el IEF lleva de vida, España ha logrado “un tejido productivo más sólido y un país mejor, más desarrollado y más justo”.

La impronta de la empresa familiar no es baladí. En España, el 89% de las empresas son familiares, generan 6,58 millones de empleos (el 67% del empleo del sector privado) y son responsables del 57,1% del valor añadido bruto. Pero no son solo peticiones de las empresas familiares, son todas las empresas, incluidas las multinacionales instaladas en España. Es un clamor ante el que Rajoy, ni los grupos políticos, no pueden ponerse de perfil. Los empresarios quieren que el jefe del Ejecutivo se implique en esas reformas estructurales y en la promoción de políticas de I+D+i, de manera que pase a ser prioritario. Desde luego es la mejor garantía de que España se enganche (o no se desenganche) de la modernización.

Rajoy, que no tuvo que pasar el mal trago del suspenso, rebosó optimismo (“vienen por delante buenos momentos aquí y en el conjunto de la UE”) y sostuvo que “se empiezan a disipar algunos condicionamientos políticos que podrían existir”, en alusión a la percepción empresarial que esta vez no se especificó. Indicó que la reforma pendiente “más importante” es la de las pensiones y que a “corto plazo” no tiene la intención de modificar las cotizaciones sociales.

Al día siguiente, en Almería, más de 300 empresarios del arco mediterráneo  le pidieron la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo para mejorar las comunicaciones y, con ellas, el progreso económico. Entre ellos estaban Juan Roig, José Ignacio Goirigolzarri, Vicente Boluda, Tomás Fuertes, Francisco Martínez Consentino.