España gastará este año otros 1.100 millones más en el rescate bancario

El Gobierno prevé que el gasto por ayudas financieras suba en 1.100 millones en 2017, según consta en datos remitidos a Bruselas. En 2016, el gasto del rescate ascendió a 2.865 millones, en gran medida por la recapitalización de la Sareb y las indemnizaciones de los juicios de Bankia. En total, la factura para los contribuyentes asciende a 57.871 millones desde 2008, según Hacienda. No obstante, a este coste hay que restarle los beneficios generados por intereses y dividendos que suman 9.643 millones y dejan el neto en 48.228 millones, a falta de la venta de Bankia y de las pérdidas que puedan aflorar en el banco malo.

Suma y sigue. El rescate bancario continúa acumulando gastos para los contribuyentes y alcanza un total de 57.871 millones, según la previsión presentada por el Gobierno en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. En esta se recoge que el coste de 2016 ascendió a los 2.865 millones de euros. De estos, 996 millones obedecen a la recapitalización del banco malo, Sareb, después de tener que valorar los activos a precios de mercado por exigencias del Banco de España. Y otros 1.525 millones se corresponden con las indemnizaciones que pagó el Estado en Bankia a los preferentistas y a los accionistas de la salida a Bolsa.

Y este año el Gobierno ya contempla el desembolso de otros 1.100 millones por el rescate bancario. Según confirman fuentes del Ministerio de Economía, esos 1.100 millones se achacan a una previsión de ejecuciones de garantías y avales. El Estado ha garantizado y avalado por dos conceptos: las pérdidas que podían aflorar los bancos que se hicieron con entidades quebradas y los avales sobre juicios y activos fiscales.

El coste de las EPA

Por un lado, el Estado garantizó a los bancos que compraban entidades dañadas un límite a las pérdidas. A partir de esa cifra, el Estado asumiría ese quebranto. Es lo que en la jerga se conoce como un Esquema de Protección de Activos (EPA), los cuales se han aplicado a muchas de las adquisiciones de entidades. En concreto, las que sufraga directamente el Estado son las correspondientes a Banco de Valencia y Novagalicia.

Las operaciones avaladas con una EPA siempre se juzgaban mucho más baratas que liquidar las entidades, lo que puede generar pérdidas para los depositantes y para el Estado, que cubre 100.000 euros por titular y cuenta. A 31 de diciembre de 2015, el Banco de España cifraba el valor presente de las pérdidas esperadas por el conjunto de todas las EPA en 10.390 millones, incluyendo las que abona el Estado y las que soporta el Fondo de Garantía de Depósitos financiado por los bancos.

Por otra parte, en esas adquisiciones el Estado también garantizó que los bancos compradores no tuviesen que encajar más pérdidas por los posibles gastos derivados de sentencias, como las de las cláusulas suelo o las preferentes. Y otro tipo de aval también se daba para respaldar la estimación en las cuentas de los activos fiscales diferidos, unas pérdidas que los bancos se podían desgravar fiscalmente en el futuro y que el Estado garantizó, pero cuyas valoraciones podían ser puestas en duda por Hacienda.

En los supuestos de juicios y de activos fiscales, el Estado se compromete a asumir cualquier coste generado por encima de lo acordado con el banco que compró la entidad quebrada. A cierre de 2015, el valor estimado de estas contingencias se elevaba en total hasta los 1.922 millones, de los que ya se habían desembolsado 1.182 millones, según datos del Banco de España.

Los dividendos del rescate

A pesar de estas cifras, no todo lo relacionado con el rescate bancario son pérdidas. También hay beneficios por dividendos de las participaciones o intereses de los préstamos concedidos. En 2016, el Estado se embolsó 477 millones por estos dos conceptos. Según datos de Eurostat, desde 2009 hasta cierre de 2016, el Estado ha conseguido 9.643 millones en beneficios que dejan el coste neto del rescate en 48.228 millones con los últimos datos disponibles.

De acuerdo con Eurostat, a finales de 2016 el Estado tiene acumulados 51.512 millones de euros en deudas contraídas para financiar el rescate como los 34.721 millones del préstamo europeo o la deuda inyectada en entidades. Por otra parte, según Eurostat, el Estado también mantiene 8.665 millones en activos que podría recuperar, fundamentalmente por la venta de Bankia. De ahí que el neto sea de 42.847 millones.

Otro de los problemas radica en los avales que el Estado ha puesto en el banco malo, que rondan los 41.000 millones. Estos podrían generar pérdidas al Estado en el futuro si no se logran vender los activos de la Sareb al mismo precio al que los traspasaron las cajas de ahorros quebradas.

En todo caso, el Gobierno ha manifestado que espera recuperar una buena parte de los 22.424 millones de euros inyectados en Bankia cuando la entidad se acabe de privatizar, lo que podría reducir una factura que de momento continúa al alza.