Así son las nuevas medidas sociales que propone la Comisión Europea

En el fondo, la Comisión presentó ayer una propuesta para fijar un derecho laboral europeo. Este tipo de iniciativas siempre ha sido difícil de implementar porque el norte siempre pensaba que suponía introducir por la puerta de atrás peores condiciones, y el sur opinaba que no se lo podía permitir. Pero una vez fuera Reino Unido, el Ejecutivo comunitario lo está intentando de nuevo.

Y empieza con una directiva específica para mejorar la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Propone que los dos padres dispongan de cuatro meses de excedencia pagada que cada uno podrá tomar cuando quiera para cuidar al vástago hasta que este cumpla los 12 años y que no podrán ser transferibles entre los padres. Estas excedencias podrían sumarse a los permisos de maternidad o paternidad que ya tienen. Los dos tendrán además plena flexibilidad para escoger el momento de la excedencia siempre que el niño no haya alcanzado los 12 años.

Esta propuesta supone un nuevo permiso distinto del ya existente en España que brinda un mes de baja al padre y 16 semanas a la madre. El acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos para aumentar en dos semanas el permiso de paternidad que entró en vigor en enero se cuantificó en 235 millones de euros. Así que el coste de dar 16 semanas a cada progenitor podría ser sustancioso.

La Comisión también quiere que los padres puedan conseguir condiciones de trabajo más flexibles hasta que el hijo cuente con 12 años. En España, el trabajador puede acordar con la empresa una jornada reducida hasta que el vástago tenga 8 años.

Por último, este nuevo marco de derechos se blindaría estableciendo una estricta regulación que proteja contra la discriminación o los despidos que ocurran porque un progenitor haya decidido aprovechar estos derechos.

Además, la directiva brindaría cinco días libres pagados al año para atender a los familiares dependientes que estén seriamente enfermos. En España se cuenta con días por ingreso hospitalario de un familiar directo y hasta 15 días sin retribuir para cuidar a un pariente.

Dicho esto, el Ejecutivo comunitario no solo quiere quedarse en la conciliación. También pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la protección social en muchos otros campos. Entre otros, señala que hay que atajar la falta de protección social de los trabajadores con empleos sumergidos, de los temporales y de los autónomos.

Respecto a los autónomos, en España disfrutan de una prestación por cese de actividad que es voluntaria y que sale más baja pero más barata. También tienen derecho a la baja por incapacidad transitoria. Y pueden recibir formación si se apuntan como demandantes de empleo. En definitiva, la legislación española para autónomos resulta bastante avanzada comparada con el entorno europeo. Cosa distinta sucede con el trabajo sumergido, cuyo problema es que no se da de alta y por tanto resulta difícil de proteger. En este sentido, Europa podría empujar hacia el abaratamiento de las tarifas de alta de autónomos. En cuanto a los temporales, en España tienen garantizada la cobertura social. Pero el problema estriba en el abuso que se práctica en la economía española de esta figura.

En España, las condiciones laborales están recogidas los comités de empresa. Pero Europa quiere profundizar en ello dejándolas muy claro por adelantando y por escrito. Por ejemplo, buscará poner freno al abuso de las horas extra fijando un máximo de 48 horas trabajadas a la semana. También se quiere poner límites a esos trabajos en los que se contrata libre disposición sin fijar un número de horas, el llamado contrato de cero horas. En España no existe esa figura, pero sí que se puede contratar por una hora o como fijo discontinuo. En general, Bruselas aspira a poner coto al trabajo precario y ocasional que genera ahora, sobre todo, el sector servicios.