Brechas peligrosas

La creciente desigualdad en la distribución de la renta, también en la economía española, es una de las amenazas a la sostenibilidad del crecimiento que acaba de recordar el Fondo Monetario Internacional. Es también una de las causas del debilitamiento de la confianza en las instituciones, del aumento de la desafección respecto del propio sistema económico y, en definitiva, de la menor estabilidad política que estamos observando en varios países avanzados, Europa incluida.

Las diferencias en las compensaciones laborales o profesionales son una de las razones de esa creciente desigualdad en la distribución de la renta. En algunos países esa brecha es aún más importante que la existente entre las rentas del trabajo y las del capital. No es algo nuevo. Antes de la crisis ya se habían puesto de manifiesto diferencias sectoriales importantes, con la industria de servicios financieros liderando las mayores retribuciones, especialmente entre sus directivos y administradores, con compensaciones excepcionales, y no siempre racionales. Las diferentes cualificaciones, especialmente la disposición de habilidades tecnológicas diferenciales, pueden explicar las diferencias salariales entre empleados en un número cada día mayor de sectores, pero no en la magnitud que los datos siguen reflejando. También en el seno de las mismas empresas. El informe que se difunde en estas páginas no invita a la tranquilidad. La desigualdad de remuneraciones dentro de las empresas cotizadas españolas es a todas luces excesiva. Y no siempre viene explicada por la contribución a la productividad o a la generación de excedentes de las empresas, sino por simples arbitrariedades.

Los directivos mejor pagados de las empresas que conforman el Ibex ganaron en promedio 86 veces más que sus empleados el pasado ejercicio económico, un multiplicador algo inferior al de años precedentes pero difícil de explicar. Desde luego en compañías que no siempre acompañan esas remuneraciones astronómicas con una mejora de los resultados o del ­desempeño de esos directivos y administradores acorde con esas brechas en la obtención de rentas. En algunos sectores o empresas la contradicción es evidente: coexisten compañías en pérdidas o receptoras de apoyos públicos, financieros o fiscales, con retribuciones a directivos o administradores demasiado elevadas, injustificadas por la contribución del directivo a la salud de la firma. O empresas que han apelado a los inversores, sus accionistas incluidos, para llevar a cabo ampliaciones de capital como recurso al cumplimiento de regulaciones o a la mera supervivencia.

La generación de incentivos a directivos y a los empleados de una empresa, en general, constituye una práctica razonable, necesaria, en la gestión de unos de los principales factores de producción, el capital humano. Pero su asignación ha de satisfacer siempre tres condiciones: una justificación objetiva (por ejemplo, su vinculación a la productividad generada), transparencia de la decisión y disposición del apoyo suficiente de los accionistas de la empresa. Establecer límites o restricciones externas a las remuneraciones de directivos o administradores tiene poco sentido, más allá de las empresas receptoras de ayudas públicas. En el caso de las empresas cotizadas, los supervisores han de velar por la transparencia y el buen hacer de los órganos de gobierno en este tipo de decisiones. Pero, más allá de esa supervisión y difusión de las prácticas de compensación, han de ser los propios consejos de administración y las juntas de accionistas las que han de velar por la justificación de las compensaciones y evitar las peligrosas brechas.