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ACS y FCC elevan su demanda contra Perú a los 280 millones

La concesionaria de la línea 2 del Metro de Lima alega el incumplimiento de los plazos y las condiciones del contrato

Maqueta del la línea 2 del Metro de Lima.
Maqueta del la línea 2 del Metro de Lima.

La concesionaria de la línea 2 del Metro de Lima, en la que participan ACS y FCC, presentó el pasado 16 de enero una solicitud de arbitraje contra la República de Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial, por el incumplimiento grave del contrato de concesión y le exige una indemnización de 310 millones de dólares (280 millones de euros), según consta en las cuentas anuales de ACS depositadas en la CNMV.

La demanda, de la que ya habían advertido los socios del proyecto, se justifica en la falta de entrega del área de la concesión en los plazos y condiciones establecidos en el contrato y en la aprobación tardía de los estudios de ingeniería.

En la misma, se solicita por un lado, una ampliación de plazo de ejecución de las obras del proyecto, y una indemnización de daños y perjuicios “pendiente de cálculo pero superior a 30 millones de dólares”.

En segundo lugar, se hace constar que “adicionalmente los daños contingentes potenciales que afectarían a distintas partes intervinientes en el proyecto (grupo constructor, proveedor de material rodante, etcétera) cuya legitimación para exigirlos podría ser cuestionada, podrían ascender a 280 millones de dólares”.

En marzo de 2014, ACS, FCC, Impregilo, AnsaldoBreda y Cosapi se adjudicaron el megacontrato para la construcción y explotación de la línea 2 del Metro de Lima por 3.900 millones de euros, la mayor obra de Perú. El plazo previsto para la fase de construcción era de cinco años, hasta 2019, y la fase de explotación se extendía durante 30 años con una facturación prevista de 2.400 millones de euros.

El consorcio está participado al 25 % por el grupo ACS y al 19% por FCC, el mismo porcentaje que Impregilo. El proyecto une Lima, desde Ate, con El Callao, en un recorrido subterráneo de 35 kilómetros que incluirá el ramal al aeropuerto internacional Jorge Chávez (AIJC).

Litigio del Castor

La constructora que preside Florentino Pérez también hace constar en sus cuentas el pleito que mantiene con Dundee, su socio canadiense en el proyecto Castor, el malogrado almacén de gas subterráneo situado frente a las costas de Castellón y Tarragona. Dundee tenía el 33% de Escal UGS, la sociedad que construyó el almacén Castor , de la que ACS poseía el 67%.

Dundee, a través de su filial Castor UGS, pidió en arbitraje internacional 100 millones de euros a ACS por unas diferencias en el destino de una inyección de capital en la sociedad conjunta, según se desvela en las cuentas de ACS. No obstante, el documento de ACS no recoge que el Tribunal de Arbitraje de Paris rechazó este lunes la demanda de Dundee, por lo que la constructora española no tendrá que indemnizar a su socia canadiense.

 Dundee interpuso la demanda en 2015 al denunciar una línea de financiación de 300 millones de euros que ACS pidió para Escal a finales de 2014 y que en su mayor parte se destinó a devolver otros préstamos anteriores de ACS, el socio mayoritario.

Escal renunció al almacén subterráneo en 2015 tras llevar paralizado casi dos años a raíz de los centenares de microterremotos que afectaron las costas de Tarragona y Valencia en septiembre de 2013. En octubre de 2014, los concesionarios de la infraestructura fueron indemnizados por el Estado con 1.350 millones de euros, compensación que sirvió para devolver la financiación del proyecto y que se cargó a la factura del gas de todos los españoles, levantando una gran polémica.

El conflicto de las radiales

Las cuentas de ACS recogen dos conflictos –uno con los bancos y otro con la Administración- en relación con las radiales de Madrid R-3 y R-5, en las que la constructora de Florentino participa como socio de la concesionaria Accesos de Madrid. En primer lugar, ACS reconoce que, pese a que hay varias sentencias contra las demandas de los “socios no constructores” (entidades financieras) del consorcio que alegaban que tenían un derecho potencial de opción de venta de sus participaciones frente a los “socios constructores”, entre los que se incluye ACS, la constructora ha tenido que abonar hasta el momento a los bancos 56,4 millones de euros.

Por otro lado, el documento depositado en la CNMV admite, tal y como desveló este jueves la patronal de concesionarias Seopán, que la Audiencia Provincial de Madrid ha paralizado el proceso de liquidación de la concesión que gestiona la Radial 3 y 5 y abre la vía a que se acepte la propuesta de convenio presentada por las empresas y por la Administración.