Acuerdo histórico contra la temporalidad del empleo público

En España hay médicos que tienen que firmar un contrato laboral cada mes para trabajar en un hospital público. Enfermeras que renuevan por semanas y profesores a los que solo contratan por trimestres lectivos. Incluso hay policías locales que tienen contratos temporales. La temporalidad del sector público en España ronda el 23% y ha aumentado durante los años de crisis.

Para combatir esta situación de precariedad, los principales sindicatos respresentativos de los empleados públicos (CSIF, UGT, CC OO) y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han suscrito este miércoles un acuerdo para mejorar la calidad del empleo público. El meollo del pacto consiste en la convocatoria de una oferta pública de empleo de 250.000 plazas para convertir trabajos interinos en fijos. Para conseguir cerrar el acuerdo se ha contado con la complicidad de las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, que tienen a su cargo el grueso de los empleados públicos del país.

Las oposiciones estará abiertas a todos los ciudadanos pero se tendrá en cuenta y se computará el tiempo que se lleve trabajando para una administración pública. De esta forma se facilitará que los interinos se hagan con las plazas fijas. La medida no tendrá ningún coste para las arcas públicas porque no se aumenta la plantilla global de las administraciones públicas. Unicamente se sustituirán puestos de trabajo temporales por fijos.

El documento suscrito este miércoles por el ministro y los sindicatos subraya que persigue reducir la interinidad un 90% en los servicios públicos esenciales como la sanidad, educación, justicia, servicios sociales y cuerpos policiales entre otros. De las 250.000 plazas que se convocarán en oposiciones públicas hasta 2020, un total de 129.700 corresponden al sector de la sanidad, otras 98.807 al sector de la educación y 8.564 plazas para la justicia.

Otras 67.000 plazas en 2017 para sustituir a las bajas

El segundo punto del acuerdo consiste en un aumento de la tasa de reposición —el número de sustituciones por cada jubilación— al 100% para la sanidad, educación, servicios sociales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (policía y Agencia Tributaria, entre otros). Además, se amplía esta medida para el personal destinado en servicios de atención al público, como los de la Seguridad Social, servicios de empleo o los de renovación de DNI o Pasaportes.

Para cubrir estas plazas se espera una oferta pública de empleo adicional de 67.000 plazas este año. De las cuales, 19.000 serán para la Administración central, 28.144 para las comunidades y el resto, unas 20.000, para los Ayuntamientos.

"Se trata del primer acuerdo de la legislatura sobre función pública", aseguró el ministro ante los dirigentes sindicales tras la firma del documento. "Este acuerdo es una apuesta por la dignificación de la función pública", añadió el titular de Hacienda, que recordó que este acuerdo desarrolla los alcanzados en la conferencia de presidentes de mejorar la calidad del empleo.

El responsable de CSIF, Miguel Borra, manifestó que el acuerdo significará "un antes y un después en el empleo público". Borra recordó que el pacto "permitirá acceder a un trabajo estable a decenas de miles de personas en toda España y permite reforzar las plantillas después de años de recortes". Para CSIF es necesario que "las ofertas de empleo se lleven a cabo con celeridad y transparencia en todos los sectores".

Julio Lacuerda, de UGT, valoró el pacto, porque "es el primero tras el largo periodo de vacaciones en el que el Gobierno ha estado ausente". Además, ha destacado que el pacto devuelve la tasa de reposición al ámbito de la negociación colectiva.

Por su parte, Javier Jiménez, de CC OO, destacó que el acuerdo contempla devolver a cada una de las administraciones su responsabilidad a la hora de negociar. "Cesa una etapa muy triste y muy negra", zanjó, en referencia a la ausencia de negociación en los últimos años.