Los funcionarios del Estado cobrarán una paga extra en julio con la mitad de la subida salarial del 1%

El salario de los más de 2,5 millones de funcionarios, interinos, eventuales y personal laboral de la Administración del Estado, comunidades autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones subirá un 1% en 2017. El aumento tendrá carácter retroactivo. Es decir, comenzará a contar desde enero. Los trabajadores de la Administración central del Estado percibirán previsiblemente una paga extra en julio con la cantidad correspondiente a la subida entre enero y junio. No obstante, los detalles se conocerá hoy tras la negociación que mantendrán Hacienda y los sindicatos en el ámbito de la Mesa de negociación de la función pública. Los sindicatos rechazan este incremento por considerarlo insuficiente.

Los empleados públicos del resto de administraciones quedarán a expensas de los acuerdos territoriales que alcancen con sus respectivas comunidades autónomas o Ayuntamientos. En cualquier caso, percibirán el aumento salarial mediante una de las dos fórmulas: podrán cobrar la subida anual prorrateada entre los seis meses entre julio y diciembre o podrán ingresarla con una extra como los trabajadores de los ministerios. La decisión final la tomarán cada una de las administraciones.

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La subida del 1% supondrá un aumento medio de unos 340 euros al año. El salario medio de un empleado público asciende a 33.933 euros al año, según la última estadística de la Agencia Tributaria, con datos de todas las declaraciones del IRPF. La paga extra que recibirán en julio los funcionarios de la Administración central para compensar el alza entre enero y junio será unos 170 euros de promedio.

El aumento de las retribuciones a los funcionarios es solo uno de los puntos que negocian el Ministerio de Hacienda y los sindicatos representantivos de los empleados públicos (CSIF, UGT y CC OO). Estos si han acordado una convocatoria de empleo público de unas 250.000 plazas en tres años. En este histórico plan también están involucrados comunidades autónomas y Ayuntamientos. El objetivo consiste en reducir la tasa de temporalidad, del 20% en el sector, y permitir la conversión de trabajadores interinos en fijos. Así, además, se podrá cumplir con la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TJUE) que igualaba las condiciones de despido de los trabajadores interinos y fijos.

"El objetivo consiste en reducir la temporalidad un 90% en tres años", explican desde CSIF, el sindicato mayoritario de la Administración General del Estado. Con este plan todas la plazas que lleven más de tres años ocupadas por trabajadores temporales saldrán a concurso. La idea es que se tenga en cuenta y se valore en la oposición el tiempo que un trabajador ha estado al servicio de una administración pública. Para Sanidad se espera que se convoquen 129.700 plazas en los próximos tres años, otras 98.807 puestos fijos en educación y 8.654 plazas para justicia. También están previstas convocatorias para servicios sociales y otros sectores públicos.

El coste inicial de esta convocatoria será reducido porque consistirá básicamente en sustituir el sueldo de los interinos por el de fijos.

Acuerdo histórico

Desde CSIF celebran la convocatoria "histórica" pero rechazan la subida del 1% a los funcionarios que se prevé aprobar "sin margen de negociación". Desde el sindicato presidido por Miguel Borra reclaman un plan plurianual para recuperar, al menos, el 5% de la bajada que sufrieron los funcionarios en 2010.

UGT también considera el acuerdo como "histórico" porque podrá reducirse la precariedad del empleo público. De este sindicato calculan que las plazas que saldrán a oposición ascienden a 350.000 porque suman a las 250.000 puestos que saldrán a concurso para convertir interinos en fijos otros 100.000 por los funcionarios que se jubilen en los próximos tres años, aunque ese cálculo es orientativo. El acuerdo "rectifica la política de recursos humanos del gobierno y pone orden a la caótica situación provocada por años de recortes", señala UGT en un comunicado. Por su parte, CC OO considera que el acuerdo de estabilización del empleo es satisfactorio pero insuficiente. Desde el sindicato precisan que este acuerdo se alcanza tras una intensa negociación, algo que no se había producido en los últimos siete años. E insisten en que es inasumible la propuesta de retribución y otras cuestiones laborales.

Los sindicatos reclamaban una subida salarial de, al menos, un 1,2% en línea con la inflación para este año. Pero insisten en reclamar la recuperación de los derechos laborales perdidos durante la crisis.