Hacienda reclama 60 millones por las deslocalizaciones de Sony, Yamaha y Sharp

La marcha de Cataluña de Sony, Sharp y Yamaha ha dejado tras de sí un millonario legado de reclamaciones fiscales a las empresas españolas que compraron las fábricas de las multinacionales japonesas en los ejercicios 2011 y 2012. La Agencia Tributaria estatal (AEAT) exige 49,7 millones de euros —entre principal e intereses de demora— a Ficosa, Cirsa y el Grupo Sesé por el impuesto de sociedades no pagados por los beneficios que lograron al quedarse por solo un euro unos activos millonarios. Mientras, la Agencia Catalana reclama 10,8 millones por el impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Los tres casos son casi calcados, ya que fue la misma consultora —Alta Partners— la que diseñó las operaciones. Estas consistieron en la creación de una sociedad por las multinacionales japonesas, a las que estas transfirieron las plantas como unidades productivas, con un valor conjunto de más de 230 millones. Posteriormente, estas filiales fueron vendidas por un precio simbólico.

Las operaciones contaron con el apoyo de la Generalitat de Cataluña y satisfacían a todas las partes. Por un lado, se salvaron cerca de la mitad de los casi 2.000 empleos directos en riesgo. A las multinacionales japonesas les salía más barato regalar las fábricas que afrontar los costes de su cierre. Y los compradores obtenían casi gratis unos activos muy valiosos.

La mayor operación fue la de Sony, en cuya fábrica en Viladecavalls trabajaban un millar de personas. Sony capitalizó la nueva filial con 80 millones y posteriormente le transfirió la fábrica, valorada en 84 millones más. Al comprar la sociedad por un euro, en enero de 2011, Ficosa logró unos beneficios de 136,4 millones de euros, según consta en sus cuentas del ejercicio. La AEAT le reclama ahora más de 32 millones de euros.

Yamaha, por su parte, vendió por el mismo precio al Grupo Sesé su planta en Palau de Plegamans, valorada en 39,1 millones. Y Sharp hizo lo propio con Cirsa con sus instalaciones en Sant Cugat del Vallès. En este caso, a los 20 millones de activos —terreno y construcciones—, la empresa electrónica añadió 10 millones en tesorería. La AEAT exige ahora 9,6 millones al Grupo Sesé y 8,1 a Cirsa. En todos los casos las actas han sido firmadas en disconformidad, por lo que se abre un proceso que se augura largo y que puede llegar hasta los tribunales de lo contencioso-administrativo. Las empresas compradoras consideran que no deben hacer frente al impuesto al tratarse de procesos de reestructuración industrial y que se limitaron a comprar unas acciones de las que por ahora no han obtenido beneficios.

En el caso de la Agencia Tributaria Catalana, las reclamaciones se centran en los impuestos autonómicos, que gravan la transmisión patrimonial y los actos jurídicos. En este caso, las reclamaciones ascienden a 6,8 millones de euros a Ficosa; 2,2 millones a al Grupo Sesé y 1,8 millones a Cirsa. De nuevo, las compradoras alegan que la normativa aplicable exime del pago del impuesto en procesos de reestructuración industrial, mientras la Agencia considera que se trata de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO).

Los tres casos han sido recurridos ante el Tribunal Económico y Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), última instancia administrativa y tras la que existe, en caso de fallo contrario a las empresas, la posibilidad de recurrir por vía contencioso-administrativa.

Si entonces la decisión de los tribunales fuera favorable a las Agencias Tributarias —para lo que pueden transcurrir aún dos o tres años más, según las fuentes consultadas—, el caso podría vivir una nueva etapa de reclamaciones en los tribunales para ver quién se hace cargo finalmente de los impuestos.

Los tres acuerdos firmados en 2011 y 2012 incluyen una cláusula que establece que las posibles “contingencias fiscales” derivadas de las compraventas deberán ser asumidas por la parte vendedora. Esto, según los compradores, significa que serán las multinacionales japonesas las que asumirán el pago de los 60 millones. Las fuentes consultadas entre los vendedores, sin embargo, discrepan de esta interpretación de la cláusula.

La deslocalización de Sony, Sharp y Yamaha ha estado en el centro de uno de los casos de corrupción más importantes en Cataluña en los últimos años, el llamado caso ITV, que ha supuesto el final de la carrera política de Oriol Pujol. La instrucción del caso, ya terminada pero aún pendiente de juicio, concluye que las operaciones fueron aprovechadas por algunos de los implicados para lucrarse ilegalmente en una maraña de favores políticos, comisiones opacas y fraude fiscal.

Los principales acusados son, además de Oriol Pujol —para el que el fiscal pide cinco años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad y tráfico de influencias—, su esposa, Anna Vidal; y el socio de Alta Partners, Sergi Alsina. Pedro Navarrete, expresidente de Sony España, es el único acusado entre las seis empresas que participaron en las operaciones.

La compraventa de la fábrica de Sharp también se ha visto salpicada con otro caso de corrupción, en este caso el que investiga la financiación ilegal de Convergència (CDC, hoy PDECat). EL PAÍS reveló el pasado domingo que Cirsa donó 900.000 euros al partido tras comprar la planta, cifra que asciende al 3% de los 30 millones de beneficios obtenidos por la multinacional catalana del juego en la operación.