Seis directivos de Caja Segovia serán juzgados por cobrar 17 millones en prejubilaciones

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 y de lo Mercantil de Segovia abre juicio a seis directivos de la desaparecida entidad Caja de Ahorros de Segovia por supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida en prejubilaciones millonarias. Según ha explicado el juzgado mediante esta resolución, antes conocida como auto de imputación, “se dispone la continuación del procedimiento hacia la siguiente fase procesal que es la apertura de juicio oral”.

El auto suscrito por el titular del juzgado Roberto Niño se dicta en cumplimiento de lo ordenado por la Audiencia Provincial de Segovia, el pasado 27 de enero, que revocó el sobreseimiento libre que había acordado este magistrado con apoyo de la Fiscalía Provincial de Segovia. La decisión, según fuentes judiciales, fue dictada antes de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitiera la sentencia 700/2016, de 9 de septiembre, que enjuició las prejubilaciones de los directivos de “Novacaixa Galicia”, que ha sido principalmente tomada en consideración por la Audiencia Provincial de Segovia para revocar el sobreseimiento.

Los directivos de la entidad que se sentarán en el banquillo son el presidente, Atilano Soto, también responsable del comité de retribuciones; el vicepresidente, Manuel Agudíez; la secretaria del comité de retribuciones, Elena García Gil; el director general, Manuel escribano, el secretario general, Antonio Tapia, y el director de recursos humanos, Enrique Quintanilla.

Los hechos que, según los indicios, podrían tener relevancia penal por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida se hallan relatados en el fundamento jurídico primero de la resolución. Sostiene que seis directivos de Caja Segovia, presuntamente, habrían diseñado en su exclusivo beneficio, un plan de prejubilaciones con abuso de las funciones sociales que tenían encomendadas y en perjuicio de la entidad, por un importe superior a 17 millones de euros con cargo al ejercicio de 2010 y garantizado mediante la suscripción de pólizas de seguros con la compañía Caser.

Por otra parte, en el auto se deniegan las diligencias de investigación solicitadas por la representación procesal de la Fundación Caja Segovia, toda vez que la Audiencia Provincial de Segovia ha ordenado que solo se practiquen aquellas que sean rigurosamente imprescindibles para determinar los hechos indiciariamente punibles y la determinación de sus autores, y las solicitadas no lo son.

Contra el auto cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado en el plazo de tres días hábiles y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Segovia en el plazo de cinco días hábiles. La decisión se traslada al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, donde también se encuentra IU, mientras que se retiró UPyD por falta de recursos, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación o soliciten apertura de juicio oral, o bien el sobreseimiento de la causa. Las acusaciones particulares han insistido en su intención de que se abra vista pública.