Sanciones débiles contra los abusos

Este es solo un ejemplo de la poca capacidad que tienen las instituciones cuando se trata de defender a los ciudadanos. La Agencia Española de Consumo tampoco puede imponer sanciones, ya que son las Comunidades Autónomas las que tienen competencias en defensa del usuario. El pasado 8 de febrero, el PSOE anunció que impondrá condiciones a la reforma de los organismos supervisores que está diseñando el Gobierno. Uno de esos requisitos es que la agencia de protección de los consumidores financieros tenga muchos más poderes, entre ellos el sancionador. Pero hasta que termine la tramitación parlamentaria no se sabrá el último capítulo de esta historia.

Dispersión de fuerza

Es cierto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha impuesto multas por malas prácticas a la banca, pero no ha hecho una fiscalización rigurosa en casos como los de las preferentes o la salida a Bolsa de Bankia. Al final, la ineficiencia de estos mecanismos desemboca en los juzgados, creando un cuello de botella gigantesco.“Además, cada Comunidad Autónoma hace lo que puede o lo que quiere, pero de forma poco contundente. Ante fraudes masivos la potestad sancionadora debería tenerla el Estado a través de una agencia exclusiva que trabajase con las autonomías”, cree Rubén Sánchez, de Facua.

A eso se une que las acciones colectivas, que solo pueden presentar las asociaciones de consumidores, tienen a veces escaso recorrido. “El descrétido de los servicios de reclamaciones ha sido creciente. Creo que en parte tiene que ver con que el BCE es el que manda en los bancos centrales nacionales, y las empresas les han perdido el respeto” piensa Manuel Pardos, presidente de Adicae. “Ni el ministerio de Justicia ni los jueces apoyan los cambios necesarios para que las demandas colectivas funcionen”.

Los notarios, testigos de la firma de millones de hipotecas que recogían cláusulas que ahora se demuestran ilegales, también han salido indemnes de este proceso de revisión impulsado por los ciudadanos. Ningún profesional ha sido sancionado en estos casos. José Ángel Sanchiz, presidente del Colegio General del Notariado, defiende que en todo el proceso la figura del notario otorga “unas grandes garantías y seguridades: se garantiza la identidad del vendedor, la representación, la capacidad de los intervinientes, la propiedad del vendedor, la existencia o no de cargas, la verificación de los medios de pago, el control del blanqueo de capitales y la legalidad en su conjunto de la operación...”. Explica que los notarios tienen las manos atadas cuando se trata de valorar los contratos que establecen los bancos. “Estamos limitados legalmente. Solo se pueden expulsar de la escritura pública aquellas condiciones que sean patentemente contrarias a la ley. Por ejemplo, cuando un tribunal haya declarado en sentencia firme la nulidad de una cláusula”.

Si el notario no puede imponer su criterio tiene que limitarse a informar sobre el contenido del contrato al consumidor. Pero pronto se terminará aquello de leer de corrido las cláusulas minutos antes de que los clientes se comprometan durante años con sus financiadores: “Es necesaria una transparencia llamada “material” que se localiza en la fase preliminar del contrato”, abunda Sanchiz. “Hay que explicarle al consumidor las posibilidades [antes de la firma] para que tenga una visión completa del panorama. Esto se realiza en el proceso de comercialización, y ahí se ha detectado un fallo en el sistema. Nosotros proponemos la intervención del notario en esta fase preliminar, lo hemos demandado muchas veces”.