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El PSOE impone que la agencia de protección del consumidor financiero pueda multar

Exigirá que la elección de la cúpula de los organismos supervisores se haga por un procedimiento de libre concurrencia

El Gobierno y Ciudadanos tienen pactada la reforma de los organismos supervisores de la arquitectura financiera. Sin embargo, esta precisa del respaldo del PSOE para que pueda aprobarse en el Congreso. Y los socialistas van a imponer dos condiciones irrenunciables: una, que la nueva agencia de protección de los consumidores financieros tenga muchos más poderes, entre los que destaca sobre todos que pueda sancionar a las entidades que cometan abusos como las preferentes o las cláusulas suelo. Y dos, que la elección de las cúpulas de estos organismos se haga en libre concurrencia, es decir, que esté abierta a cualquiera con el mejor currículum.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (d), saluda al socialista Pedro Saura (i).
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (d), saluda al socialista Pedro Saura (i). EFE

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha consensuado con Ciudadanos una nueva estructura de organismos supervisores en la que se creará un supervisor específico de los seguros como reclamaba el FMI; se desdoblará Competencia (CNMC) en una entidad para vigilar la competencia y otra distinta para controlar los mercados regulados; se establecerá una comisión independiente que haga los nombramientos, y se creará una Autoridad de Protección del Ahorrador e Inversor Financiero, que unificará los servicios de reclamaciones y de protección de los inversores de los tres supervisores financieros, ahora incluidos en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección de Seguros.

Sin embargo, este proyecto necesita el apoyo del PSOE, sin cuyo respaldo se convierte en mero papel mojado. Por más que Ciudadanos hiciese bandera de liderar estas reformas, el PSOE se las va a apropiar. Según confirman fuentes socialistas, el partido esperará a que esta iniciativa llegue al Congreso para enmendarla. Y ahí el principal foco de los socialistas consistirá en dotar de mayor potencia de fuego a la nueva agencia de protección del consumidor de productos financieros.

En la actualidad, estos servicios están incrustados en los supervisores que vigilan la solvencia de las entidades y, en consecuencia, apenas tienen colmillo: se preocupan más de la solvencia de los supervisados, investigan poco y sus resoluciones ni siquiera tienen carácter vinculante. Es cierto que la CNMV ha multado por malas prácticas de comercialización financiera. Pero casos como las preferentes o la salida a bolsa de Bankia escaparon de una fiscalización rigurosa.

Y el departamento de defensa del usuario del Banco de España no parece lograr mucho más. Los servicios de reclamaciones denuncian actuaciones irregulares de las entidades todos los años. Pero los bancos se allanan muy pocas veces ante estas demandas del supervisor. En la mayoría de los casos, los bancos obligan a sus clientes a acudir a la vía judicial, que en muchas ocasiones ni siquiera les merece la pena.

Autoridades en la materia como la catedrática Matilde Cuena critican la falta de un control ex ante y que se confíe demasiado en los juzgados, lo que exige un sobreesfuerzo a los consumidores perjudicados como en las cláusulas suelo o las preferentes. Precisamente Ciudadanos se ha hecho mucho eco de estas críticas y ha confiado en expertos cualificados en estos asuntos.

Pero el PSOE quiere ir más allá y anunciar cambios de incluso mayor calado. De acuerdo con los documentos que ultima el equipo de negociadores socialistas encabezado por Pedro Saura y Valeriano Gómez, la nueva agencia de protección del consumidor debería tener la capacidad de emitir resoluciones vinculantes igual que sucede en Reino Unido. Y del mismo modo que ocurre en Estados Unidos con la US Consumer Financial Protection Bureau, debería tener la capacidad de dictar multas y disponer de lo recaudado para financiar sus actividades e, incluso, indemnizar a los damnificados. Una disposición que además aseguraría que los incentivos para ser estrictos sean mucho mayores. “El ejemplo estadounidense es clave”, destacan.

Pese a que los expertos consultados apuntan que esto no evitará que algunos casos sigan dilucidándose en los tribunales, semejantes cambios suponen una mejora revolucionaria respecto a la arquitectura destinada a proteger al consumidor que existe ahora. Aunque Ciudadanos ha manejado posiciones similares, será el PSOE quien tenga el voto decisivo para aprobarlo en el Congreso.

El PSOE también exigirá que haya libre concurrencia a la hora de elegir la cúpula de los supervisores. O lo que es lo mismo, que cualquiera pueda optar a ocupar el cargo simplemente presentando su currículum y, por tanto, se escoja a los candidatos más preparados. Mientras se determina esa nueva estructura de selección, los socialistas están dispuestos a negociar con el Gobierno la sustitución de los tres consejeros pendientes de renovación en la CNMC. Pero será con criterios puramente técnicos. Se huirá de perfiles que tengan filiación política.

Envíe su CV para gobernador del Banco de España

El partido socialista exigirá que haya libre concurrencia en la selección de altos mandos de los organismos supervisores. El caso de Mark Carney fue ejemplar. Se publicó un anuncio en la prensa para rellenar el puesto de gobernador del Banco de Inglaterra. Y se escogió al que sencillamente tenía el mejor currículo. El PSOE quiere precisamente eso en la designación de los organismos reguladores y de control: que pueda optar cualquiera y que se seleccione a los mejores.

Además, pretende que haya un procedimiento en varias fases. Una vez abierto el concurso y presentados los currículos, un organismo compuesto por técnicos seleccionará un número de ellos, por ejemplo tres candidatos. En ese organismo, el PSOE reclama que una parte de los miembros varíe cada vez que haya que hacer una selección para sentar en él a los perfiles más expertos en el campo regulatorio sobre el que se esté decidiendo. A continuación, de entre los seleccionados por el comité, el Gobierno designará a uno y su candidatura tendrá que obtener en el Congreso una mayoría reforzada de tres quintos. Esta propuesta contrasta con la de Gobierno y Ciudadanos, a los que bastaba con una mayoría simple.