Banca y Gobierno se enfrentan al reto de las cláusulas suelo

Tras la publicación ayer sábado en el BOE del real decreto ley que articula medidas urgentes de “protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”, los clientes pueden poner las reclamaciones en sus entidades si consideran que fueron abusivas. El Ejecutivo ha entrado en esta batalla tras una sentencia de la Unión Europea contraria a dos resoluciones del Tribunal Supremo que solo pedían la devolución de estas cláusulas desde el 9 de mayo de 2013. Según la UE son “abusivas y, por lo tanto, nunca han existido”.

El objetivo del Gobierno es doble: evitar el colapso de la justicia con 1,4 millones de posibles demandas y proteger a los clientes ante la banca al establecer un mecanismo extrajudicial que “obliga a las entidades a atender las reclamaciones”, según fuentes de Economía. El hecho de que haya intervenido el Ejecutivo no deja en buen lugar al sector financiero y une a ambos (así como al PSOE y Ciudadanos, que apoyan el texto) en el desenlace.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía admiten que el decreto no modifica los términos de un acuerdo entre particulares, por lo que los bancos mantendrán su capacidad de decisión sobre las cuestiones clave: si su cláusula es opaca o no (excepto en el caso del BBVA, Abanca y Cajamar, condenados expresamente) y la fórmula para compensar. Algunos bancos ya han dicho que no devolverán nada y otros que no lo harán en efectivo porque están escasos de recursos. Según el texto, deben devolver en metálico, pero la entidad puede ofrecer otra fórmula.

Lo que sí están obligados es a informar a una comisión creada expresamente para vigilar este proceso y a terminar este proceso, como muy tarde, para el 23 de mayo para los que presenten ahora su reclamación. Es posible que den la respuesta antes, pero tienen tres meses como máximo para tomar una posición desde que el cliente ponga la queja. Así se evita que el banco dilate el procedimiento e impida que el consumidor pueda ir a la justicia ordinaria.  Hasta que no se acabe la vía extrajudicial no se puede demandar a la entidad. No obstante, el proceso no acaba en mayo, ya que seguirá abierto años, sin que se conozca por el momento una fecha de cierre.

El Gobierno dice que es un cauce “sencillo y ordenado, que debe estar regido por la buena fe de ambos, cliente y banco”. Si hay acuerdo, el sector se ahorrará muchos millones en costas judiciales, pero no empezarán a actuar hasta que el Supremo determine, en otra sentencia, si se puede juzgar lo ya juzgado. Además, hay una condena de lo Mercantil de Madrid contra 40 bancos por estas cláusulas. La banca admite que se enfrenta a una gran batalla comercial por no perder buenos clientes, pero también debe esquivar otro golpe a su maltrecha reputación.