Regreso al pasado

El Instituto Nacional de Estadística nos ha traído dos tendencias relacionadas a la vez con los precios: que en 2016 la inflación fue positiva por primera en cuatro años (el 1,6%) y que en el mes de diciembre se disparó respecto al mes anterior (0,6 puntos). Ello no parece un fenómeno estrictamente coyuntural: el Banco de España apuntaba hace poco que los precios podían subir este año alrededor de un 2%, y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) lo ha elevado al 2,2%. Probablemente estos datos no han recogido aún del todo la fuerte subida del precio del petróleo y de los derivados energéticos y otras materias primas, tras la última reunión de los productores de crudo.

No es un fenómeno español (la eurozona vio crecer los precios el año pasado un 1,1%, y de este avance cinco décimas se deben a subidas en diciembre respecto a noviembre), pero nuestro país es más frágil en cuanto a que su dependencia de la factura del petróleo es mayor que la media de los países de este club. Para quienes, como los españoles, han visto tasas mucho más altas de inflación en su historia reciente, una subida del 1,6% no es inquietante. Lo podría ser si se acelera en los próximos meses: en enero respecto a diciembre, en febrero respecto a enero, o en el segundo trimestre en relación al primero.

La inflación de ahora, como la deflación de antes, tiene ganadores y perdedores. Entre los primeros estarán los responsables de Hacienda que prefieren que se hinchen sus bases imponibles antes que endeudarse más o subir los gravámenes. También lo serán los habitualmente ortodoxos responsables de los bancos centrales, que durante los últimos años han puesto a sus instituciones en “estado de excepción”, con políticas monetarias expansivas que no les suelen gustar, aunque las hayan considerado imprescindibles para devolver el hálito a las economías nacionales tras la Gran Recesión. Los perdedores son más tangibles que los banqueros o los ministros: son los ciudadanos que dependen de una prestación social, los funcionarios cuyos sueldos dependen del Presupuesto, los asalariados cuyos emolumentos dependen de un convenio colectivo (no digamos aquellos que ni siquiera disponen de esta red de protección, cada vez más numerosos), etcétera.

Casi nueve millones de pensionistas en España han visto cómo el Gobierno les acaba de aplicar el suelo previsto en el índice de revalorización de las pensiones, un 0,25% (el techo hubiera sido la inflación más 0,5 puntos); es muy posible que los funcionarios tengan una revalorización salarial en los alrededores del 1% si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado; y los convenios colectivos dependerán de una correlación de fuerzas no precisamente favorable para los trabajadores y sus representantes, los sindicatos.

Pase lo que pase, se acaba el viento de cola del que la economía española se ha beneficiado en los últimos tiempos: el petróleo no bajará, el Banco Central Europeo agotará más temprano que tarde sus compras de deuda pública que explican la baja prima de riesgo, la Reserva Federal ya ha subido por primera vez los tipos de interés… La evolución de nuestra coyuntura va a depender mucho más de la economía real (crecimiento, consumo, inversión, creación de empleo, calidad de los puestos de trabajo…) que de las muletas exteriores.