La fiscalía de París pide que se investiguen los motores diésel de Renault

El fraude en los sistemas de medición de emisiones contaminantes de diésel sigue ampliándose en el sector del automóvil. La fiscalía de París pidió este jueves, según ha dado a conocer este viernes, la apertura de una investigación judicial sobre los motores diésel de la marca gala Renault. Justo un año después de que las acciones de la compañía se desplomaran por las inspecciones realizadas por el Gobierno en varias de sus sedes, la fiscalía pone a trabajar a la justicia por sospechar que la empresa ha engañado a los consumidores y ha puesto en riesgo la salud pública.

El 14 de enero del pasado año las acciones llegaron a bajar hasta en un 20% en pocas horas. Este viernes, la caída ha sido al cierre de la bolsa de París del 2,89%. Y, sin embargo, los elementos son más contundentes que entonces, tras más de un año de inspecciones por parte de las autoridades francesas. La ministra de Medio Ambiente Ségolène Royal puso en marcha tales inspecciones en octubre de 2015. También lo hizo el Ministerio de Economía. El Ejecutivo no solo está dispuesto a desenmascarar el fraude, en caso de que exista. También ha declarado la guerra al diésel en un país en el que este carburante domina todavía el mercado.

Tras el escándalo del fraude en las mediciones de emisiones detectado en Estados Unidos en los motores diésel de Volkswagen, servicios técnicos del Gobierno francés iniciaron su propia investigación con análisis aleatorios de vehículos de distintas marcas. Sus inspecciones dañaron el valor bursátil de Renault, pero también del otro gran constructor galo: PSA Peugeot Citroën.

La fiscalía, según la nota emitida este viernes, pide la investigación por presunto engaño acerca de las cualidades de sus vehículos y los controles realizados sobre emisiones peligrosas para la salud humana y la salud animal. Tres jueces de instrucción especializados en delitos contra la salud pública analizarán los dispositivos utilizados por el constructor de automóviles. El fraude está penalizado en Francia con dos años de cárcel y/o una multa de 300.000 euros.

La compañía ha emitido un comunicado en el que dice no estar oficialmente informada de la apertura de la investigación judicial y asegura que sus vehículos no están equipados con software fraudulento que engañe sobre sus emisiones. "Nuestros vehículos", añade la nota, "están y han estado siempre homologados conforme a la ley y los reglamentos".

El valor de las acciones de Renault, cuyo grupo es también titular de las marcas Dacia y Renault Samsung, cerró la sesión de este viernes a 83,76 euros, lejos de los 98,52 euros que llegaron a valer en mayo de 2015. Durante ese año, Renault aumentó sus beneficios un 48% en una dinámica de crecimiento de tres años consecutivos. El nivel de su valor en Bolsa no ha vuelto a alcanzar aquel máximo de hace año y medio y la firma está reorientando su producción hacia el vehículo eléctrico.