Paneles solares en el olvido

Los propietarios de las viviendas construidas a partir de 2007 en España podrían ahorrar cada año en torno a 37 millones de euros y no lo hacen. El remedio está en las cubiertas de sus edificios, donde tienen instalados paneles solares térmicos para cubrir su consumo energético de agua caliente para usos sanitarios (ACS), pero la realidad es que 3 de cada 10 de estas estructuras no son operativas o están abandonadas. Y no son pocas. Las instalaciones suponen en torno a 1,5 millones de metros cuadrados de paneles, puesto que, desde hace nueve años, el Código Técnico de la Edificación (CTE) obliga a los promotores inmobiliarios a colocar captadores solares en toda nueva promoción de viviendas, por lo que hay más de 800.000 pisos que pueden abastecerse de energía solar térmica.

"Calculamos que el 30% está sin funcionar, ya sea por una mala ejecución por parte del promotor o por un mantenimiento inexistente por parte de los usuarios", advierte Pascual Polo, secretario general de la Asociación Solar de la Industria Térmica (Asit). Y prosigue: "No se les somete a control ni a mantenimiento preventivo, lo que incide en su progresivo deterioro, en un funcionamiento deficiente o en un fallo del servicio". Y eso que los gastos de mantenimiento —entre 60 y 80 euros al año por vivienda— no son muy distintos de los de cualquier sistema de calefacción convencional.

El otro problema, tanto o más preocupante, es que los propietarios son ajenos a esta situación que supone un perjuicio evidente para su bolsillo. "El 80% de los usuarios de estas instalaciones desconocen el porqué y para qué de las mismas y si funcionan o no, lo que les imposibilita ejercer una reclamación de los derechos de uso y disfrute que adquirieron cuando compraron la vivienda, como lo harían en el caso de que no les funcionara el servicio de antena de televisión o los ascensores", apunta Polo.

"No se comprueba si ese funcionamiento es el adecuado y existe cierta desidia por parte del comprador, que sí se preocupa de que funcionen los servicios de alumbrado o ascensor", apunta Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (­CGCAFE). En cambio, dice, "en los pocos casos en los que la comunidad de propietarios ha acordado realizar voluntariamente la instalación sí que se hace un uso adecuado".

Los propietarios están desaprovechando unos equipos por los que pagaron al comprar sus viviendas. El coste de la instalación solar térmica por piso es de unos 1.200 euros, el 0,6% de una casa de 200.000 euros. El plazo de amortización está entre 7 y 10 años, y la vida útil de la instalación supera los 25 años, por lo que cada vecino tendría agua caliente gratis bastantes años.

Falta de conocimiento

La razón de que nadie alce la voz es que, si la instalación solar térmica no funciona, el servicio de agua caliente lo continúa dando el sistema auxiliar convencional (gas o electricidad), aunque a un coste muy superior. "Los vecinos no son conscientes del ahorro energético que les puede suponer, ya que no pueden medirlo de forma directa, por lo que creemos fundamental que se instalen contadores que muestren este ahorro a los usuarios para conseguir mayor concienciación", señala Vicente Abarca, jefe de producto de energías renovables de Baxi, uno de los principales fabricantes españoles, con 75.000 metros cuadrados de captadores producidos el pasado año.

Una instalación solar térmica debe ser capaz de abastecer entre el 30% y el 70% del consumo energético de agua caliente sanitaria, según la zona geográfica. Esto tiene que verse reflejado en la factura. "En una vivienda con calderas convencionales, el ahorro medio de cada usuario no debería ser inferior a 120 euros al año en el caso de la factura del gas (destinada a producir agua caliente sanitaria) o de 200 euros al año en el caso de la electricidad", calculan en Asit.

Ya sea porque los paneles no funcionan o porque no se mantienen, los vecinos pueden y deben tomar medidas. "Deberían tener acceso a un contador de energía, según el CTE, y si detectan que no están ahorrando deben denunciarlo", aconseja Polo. Además, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), los usuarios son quienes deben responsabilizarse de la instalación y comprobar y exigir que funcione. "Pueden buscar a un perito que ratifique dicha instalación deficiente y proceda a reclamar su reparación o a denunciar al responsable, que puede ser el promotor, el técnico que lo diseñó o el instalador, o todos solidariamente"·

Aunque existe normativa que obliga a mantener estos equipos, no hay controles, como sí ocurre con el gas o los ascensores, "pero, como agua caliente siempre hay y no es un riesgo que no funcione la instalación solar, la Administración nunca ha tomado medidas para exigir los ahorros que deberían producirse", se queja el secretario general de Asit. La asociación denuncia la ausencia total de seguimiento, de control y de sanciones por parte de las instituciones competentes.

Este es solo uno de los despropósitos que perjudican al sector y que provocan que el usuario dude de la efectividad de una energía que hoy es la más eficiente y barata en la producción de calor para este tipo de aplicaciones. En Alemania, por ejemplo, el número de instalaciones solares térmicas anuales es cinco veces superior al de España.

El otro lastre ha sido la crisis del mercado inmobiliario y el parón de la obra nueva, aunque el sector ha sabido salir airoso gracias a las exportaciones y a que "se ha dejado de importar mucho producto proveniente del centro de Europa y de países como Grecia o Turquía", indica Jordi Mestres, director general de Baxi, que exporta más del 80% de su fabricación. Las exportaciones de las empresas fabricantes ubicadas en España han aumentado en un 10% respecto al año anterior, representando el 35% de su producción, señala Polo. Así, los fabricantes nacionales tienen hoy una cuota de mercado cercana al 55% de los captadores instalados. El resto son fabricantes de Alemania, Turquía, Israel, Grecia, Austria e Italia. El sector solar térmico, que da empleo directo a más de 6.000 personas al año, factura unos 200 millones de euros anuales.