Energía eleva al doble la subasta de renovables prevista

Álvaro Nadal compareció en el Congreso de los Diputados para adelantar el programa de su departamento en esta legislatura. El ministro dejó como plato fuerte la subasta que ya había adelantado el anterior secretario de Estado de Energía, su hermano gemelo Alberto Nadal, para finales de este año, pero duplicando la previsión.

El objetivo de esta fuerte apuesta es cumplir con los compromisos adquiridos en Bruselas de alcanzar el 20% en el año 2020 de energía renovable. Según datos ministeriales, en la actualidad se cubre cerca del 17,5% del total de electricidad generada con tecnologías renovables sobre consumo final. Las subastas de renovables se paralizaron a lo largo de la pasada legislatura y únicamente se revitalizaron ya con el Gobierno en funciones al principio de este año con 700 MW, 500 de eólica y 200 de biomasa.

En un discurso no exento de carga política y ante una oposición un tanto timorata, Nadal incidió en que “no se pueden volver a tomar decisiones que acaben repercutiendo en el recibo de la luz”, en referencia al pasado socialista al tiempo que defendía la actuación de la última etapa del PP. Destacó que quedó una “gran hipoteca” de más de 30.000 millones de euros como consecuencia de desaciertos que supusieron, entre otras consecuencias, el déficit de tarifa, cuya amortización se prevé para 30 años.

En ese sentido, respaldó la necesidad de un pacto de Estado energético, en lo que coincidió con la mayor parte del arco político, para dar estabilidad y subrayó que no habrá cambios en el llamado impuesto al sol, es decir, al autoconsumo. Según el ministro, si no se aplicara, repercutiría en el recibo de la luz entre el 15% y el 20%.

En ese pacto se debe incluir, a su juicio, el diálogo con el resto de fuerzas para definir el consumidor vulnerable y regular la financiación del bono social. Al respecto, defendió que debe seguir con un sistema financiado por el sector y calificó de “muy acertada” la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que sean los servicios sociales de los Ayuntamientos los que determinen quiénes son las personas con vulnerabilidad severa a las que no se puede cortar el suministro y que cubra también el ámbito de estos y las comunidades autónomas.