Andalucía pide a centros tecnológicos la devolución de 1,7 millones en ayudas

La Consejería de Economía del Gobierno andaluz reclama a la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (Reta), una asociación en proceso de disolución, 1.759.112 euros de ayudas utilizadas para conceptos que “incumplen los objetivos de la subvención”. Según los socios de la entidad, el dinero fue usado para abonar despidos. El coordinador de la red, Felipe Romera, informó de que ha recurrido la orden de reintegro al entender que el destino del dinero fue adecuado.

Reta es una asociación privada constituida en 2005 por empresas, los parques tecnológicos andaluces y entidades vinculadas a las universidades para el fomento de la innovación. La asamblea acordó su disolución en 2015, pero en el proceso de liquidación se ha cruzado una reclamación de la Junta, que exige la devolución de 1,7 millones que considera que se han usado para fines distintos al objeto de la ayuda.

Las subvenciones fueron concedidas por los anteriores consejeros para el fomento de la innovación, misión principal de Reta, pero, según se informó a los socios, parte de esos fondos sirvieron para abonar las indemnizaciones por despidos de los técnicos contratados por la entidad.

Romera afirmó que las ayudas se usaron en “objetivos que se han ido cumpliendo” y que el recurso defiende que, en virtud de la ley de subvenciones, son susceptibles de ayudas tanto los gastos de inicio de un proyecto como los de su final. “Se han abonado costes ligados a los proyectos y los despidos lo son”, argumentó.

La Junta no lo entiende así y exige su devolución, aunque la actual Consejería de Economía ha rehusado a explicar su reclamación al entender que “el procedimiento administrativo está abierto y no procede hacer valoraciones sobre el mismo ya que no hay una resolución final”.

Reta ha pedido a las 36 entidades asociadas que aporten solidariamente los 1,7 millones para pagar la reclamación de la Junta si no prospera el recurso presentado o aportarlos como aval en un eventual procedimiento contencioso. “Si perdemos, pagaremos”, advirtió el coordinador de la entidad en liquidación.

La asamblea que aprobó la reserva del dinero estuvo muy dividida. Del total, 17 socios aceptaron pagar, 15 votaron en contra, dos se abstuvieron y otros tantos no votaron. Las entidades que rechazan el pago argumentaron que ellos no deben abonar unas ayudas de las que no se han beneficiado directamente y reclamaron otras opciones, que fueron desechadas. “No ha sido posible configurar otras alternativas legales”, defendió Romera en la asamblea.

Otros socios rechazaron tener que devolver ayudas cuando aún tienen pendiente recibir otras concedidas, que han quedado paralizadas por este conflicto. Además, entidades recién incorporadas se han visto afectadas por un programa en el que no participaron y otras que se han dado de baja han quedado al margen de la reclamación, aunque sí eran parte de Reta durante la ejecución de las subvenciones.

Prodti, una de las fundaciones que era miembro de Reta y que cesó al conocer la decisión, ha comunicado formalmente que considera nula la junta que aprobó la reserva de los fondos y sostiene que, de acuerdo a la ley que regula estas entidades, “los asociados no responden personalmente de la deudas de la asociación” y que deben ser los miembros de los órganos de gobierno quienes respondan por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes. Los socios solo responderán solidariamente, en opinión de esta entidad, cuando no se pueda imputar a los responsables, a menos que acrediten que no han participado en su ejecución o que se opusieron a ellas.

Una asociación con 120 técnicos

Reta nació al amparo del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía, creado para “potenciar las infraestructuras tecnológicas y la creación de estructuras de coordinación del Sistema Andaluz del Conocimiento”. Pero la falta de financiación llevó a la entidad a su disolución diez años después de su creación, en 2015.

El desmantelamiento había comenzado cinco años antes, cuando la red comunicó al comité de empresa el despido de un centenar de los 120 técnicos vinculados a la asociación por la finalización de dos programas (Espacio Virtual del Aprendizaje y Formación de consultores para empresas) y ante la imposibilidad de asumir los sueldos.

Los técnicos de RETA eran en su mayoría licenciados superiores y trabajaron en la empresa una media de tres años. Algunos socios manifestaron su extrañeza por el alto número de contratados y otros afirmaron desconocer cuál había sido su labor.