Una revolución urbana

El caso de las llamadas ciudades inteligentes presenta muchas similitudes con la explosión mediática de las energías renovables. Todo el mundo desea vivir en ciudades dotadas de tecnologías avanzadas donde la información esté integrada y disponible para el ciudadano en unos pocos movimientos táctiles, conectada con el móvil, el coche o las pantallas públicas. ¿Quién no quiere disponer de policía instantánea y eficiente, como Robocop, y vías de circulación despejadas u opcionales en caso de atasco? Nadie se negará a eso, como nadie puede negarse en abstracto a energía limpia e inagotable. Pero los propagandistas se olvidan de preguntar dos cosas elementales: ¿Cuánto cuesta? y ¿hay dinero para pagarla? A partir de esas dos preguntas cuidadosamente arrinconadas se ocultan algunas otras consideraciones relevantes para las que el ciudadano consciente debería tener una respuesta que, lógicamente, no existe.

El Smart City Expo World Congress que marcha viento en popa en Barcelona ha despertado la lujuria doble de la tecnología y el futuro (o futurismo, como se prefiera). ¡Ahí es nada disponer de tecnología integrada en la ciudad que permita disponer de programas para evitar los embotellamientos, tabletas de información en las cabinas telefónicas o sistemas robotizados de seguridad! Ahora bien, resulta que los municipios españoles acumulan déficits faraónicos y deudas que pocos de sus habitantes verán pagadas alguna vez. Esos ayuntamientos tienen que sufragar (cuando pueden) gastos sociales cuantiosos, producidos por la desigualdad económica creciente y la pauperización de grupos numerosos de población. Tienen además que acometer (ya es urgente) planificaciones urbanas precisas, paulatinas y en algún caso dolorosas para salvar al menos que las calles sean transitables, las infraestructuras de los centros urbanos superen el colapso y la atmósfera vuelva a ser respirable, en lugar del puré espeso que es ahora. Todos los daños derivados del crecimiento de la población (de la concentración en las ciudades, más bien) se multiplican por la afluencia desestructurada del turismo. España debe ser el único país del mundo que entiende el turismo no como un negocio en el que hay que invertir, sino como un espacio físico que se va llenando sin costes, eso sí, a costa de la comodidad de los contribuyentes.

Las repetidas alarmas por contaminación indican que hay problemas muy urgentes por resolver. ¿Ayudan es estas tareas, urgentes y decisivas para la supervivencia de las grandes urbes, la tecnología futurista asociada a las ciudades inteligentes? Pues por el momento muy poco. No es necesario subrayar la evidencia de que el concepto de ciudad inteligente constituye una fuente de negocios que debe ser explorada y, en la medida de lo posible, incentivada. Pero no sustituye a la planificación urbanística, ni debe precederla en la consideración inversora pública. Allí donde pueda acompañar al gasto en infraestructuras o al gasto social, bien; pero sería un error superponerla porque sí o con el argumento de que “crea riqueza”. Las prioridades del gasto público local son otras y a ellas deben atenerse los gestores locales.

Cuestión distinta es el incentivo para desarrollar las tecnologías urbanas inteligentes. Las ayudas, tasadas y decididas por las mismas autoridades que tienen que desembolsar las ayudas tienen que encuadrarse en los esquemas de I+D+i de la administración. La habilidad política, tan ausente en los últimos años de la gestión pública, consiste exactamente en resolver con tenacidad las dificultades del presente mientras se invierte con la misma tenacidad en las mejoras técnicas previsibles. Para lograr tal conjunción es obligado que ayuntamientos y gobierno actúen en coordinación, y eso en estos momentos no sucede: Y, por supuesto, no provocar burbujas de inversión con dinero público , algo que sí suele suceder, como se comprobó en el programa de incentivos de las renovables.