La Audiencia pide juzgar a Globalia por el fraude de 22,8 millones en los vuelos a las islas

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha propuesto que se juzgue por un delito de fraude continuado a Globalia Servicios Corporativos por las supuestas irregularidades cometidas en descuentos en billetes de avión a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por las que el grupo de viajes de Juan José Hidalgo practicó liquidaciones hinchadas al Ministerio de Fomento en concepto de subvenciones. La resolución exculpa a la cúpula directiva del grupo al no haber podido averiguar quien ordenó la facturación incorrecta de las subvenciones. 

Además, el juez pide que se considere como atenuante la reparación del daño al haber pagado el grupo las cantidades defraudadas más los intereses, por un total de 22,78 millones de euros, así como por haber establecido, antes del juicio, “medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”.

En la misma resolución que pone fin a la instrucción, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Juan José Hidalgo Acera, presidente del grupo, Richard Clark, director comercial y al director jurídico, Ramiro Campos, al no haber podido determinar qué persona concreta fue "la responsable de la decisión de facturar de la forma defraudatoria que se ha detectado”, así como respecto de las entidades corporativas Air Europa Líneas Aéreas, Globalia Corporación Empresarial, Viajes Halcón, Viajes Ecuador, Viajes Tu Billete, Pepe Viajes y Globalia Business Travel (anteriormente denominada Travelplan).

Liquidaciones hinchadas

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 recoge las supuestas prácticas irregulares detectadas en los citados descuentos, entre ellas las que llevaron a presentar liquidaciones al Ministerio de Fomento por encima de lo cobrado por pasajero, "de modo que existen billetes aéreos abonados por la Administración por una cuantía superior a la legalmente establecida”

Además, se habrían realizado contratos de intercambio de publicidad y descuentos a grupos de aficionados y particulares, que luego no se vieron deducidos debidamente en las certificaciones de bonificación presentadas mensualmente por la compañía aérea al Ministerio de Fomento, “logrando un lucro por parte de las entidades" del Grupo Globalia.

Igualmente, señala el magistrado, a través de la agencia Travelplan se vinieron ofreciendo descuentos en paquetes de viajes que no tuvieron el reflejo adecuado en las certificaciones presentadas a la Administración para el recibo de las bonificaciones por los pasajeros residentes extrapeninsulares, con lo que “la compañía se habría lucrado indebidamente de dichas bonificaciones”.

Dentro de la organización de Globalia, continúa el auto, se identifica a la mercantil Globalia Servicios Corporativos SLU, que es donde se centralizan todos los servicios de administración del grupo y donde se determinan con autonomía funcional los criterios por los que se han guiado las entidades integradas en la corporación, respecto de los hechos objetos del procedimiento, “pero sin que se haya podido individualizar, hasta la fecha, pese a las diligencias practicadas en esta causa”, qué personas concretas lo hayan podido ordenar, liquidándose las bonificaciones a los residentes extrapeninsulares de una manera que ha resultado finalmente contraria a la deseada por la norma en lo que se refiere al mecanismo de subvención analizado.

“Como consecuencia de lo expuesto, la compañía aérea y las agencias de viaje del grupo durante todo el periodo analizado realizaban toda su actividad en la creencia errónea de estar haciéndolo conforme a la ley cuando se hacían constar excesos en las cantidades bonificables”, indica el juez.

La cantidad defraudada en aplicación de este mecanismo de descuentos en los ficheros de vuelo correspondientes a los años 2010 (de octubre a diciembre), 2011, 2012 y 2013 (de enero a junio) asciende a un total de 19,18 millones, lo que sumado a unos intereses devengados de 3,6 millones, la deuda definitiva ascendería a 22,78 millones de euros.

Una vez concluida la instrucción, el juez da traslado de las actuaciones a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que en el plazo de diez días presenten escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento, pudiendo solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.