Báñez cita a los agentes sociales el lunes para hablar de temporalidad

España debe dar una solución a los abusos en la temporalidad que han señalado varias sentencias europeas recientes, pero el carácter delicado de la materia y la interinidad del propio Gobierno están retrasando los trabajos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se reunirá el próximo lunes por la tarde con empresarios y sindicatos para debatir, entre otros asuntos, las consecuencias de esos fallos del Tribunal de Justicia de la UE, que cuestionan las diferencias de indemnización por despido entre fijos y temporales e instan a equipararlas.

Tras varios intentos de fijar fecha, la cita con los líderes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme se producirá el próximo 17 de octubre, según ha avanzado Báñez en un encuentro con periodistas en Luxemburgo, donde asistía a una reunión con sus homólogos europeos. La titular de Empleo ha admitido que es necesario reformar el contrato de interinidad y aclarar sus términos. “Nuestro objetivo es dar seguridad jurídica a las empresas y a la vez mejorar la protección social de los trabajadores”, ha asegurado, sin precisar en qué se traduce ese enunciado. Como ejemplo, la ministra recuerda que en el pacto de investidura que el PP pactó con Ciudadanos ya figuraba una reformulación de la temporalidad.

En la cita se encontrará con dos posiciones claramente contrarias. Una es la de los sindicatos, que defienden desde el primer día que las sentencias de la Unión Europea, especialmente la referida a los interinos y la posterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, obligan a aumentar las indemnizaciones que reciben todos los temporales a finalizar su relación laboral hasta el equivalente a un salario de 20 días por año trabajado (la legislación española contempla una de 12 días por año para mayoría de contratos de duración determinada y nada para los de interinidad y formación).

De acuerdo con esta posición, ya el pasado 23 de septiembre los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y UTG, Pepe Álvarez, remitieron una carta a Fátima Báñez en la que le reclamaban la adaptación de la norma española a los criterios de la justicia europea.

Frente a ellos, estarán las posiciones de los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi. Al día siguiente de conocerse la decisión de los jueces comunitarios, los responsables laborales de la patronal hablaron de que el tribunal europeo esquivocaba "conceptos jurídicos del ordenamiento español”.

Además de este encuentro, Báñez también celebrar otro para abordar las consecuencias de los fallos comunitarios. Pretende convocar a la Comisión de Recursos Humanos del sistema nacional de salud, que reúne a la Administración central con las comunidades autónomas. En su doble condición de ministra de Empleo y Sanidad en funciones –asumió la cartera sanitaria cuando Alfonso Alonso dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones vascas-, admite que el sector de la salud –y también la educación- son dos espacios donde existe mucha capacidad de mejora en relación con la estabilidad en el empleo. 

A pesar de estos anuncios, Báñez asegura que no presentará ninguna medida concreta porque el Gobierno está en funciones. Aunque advierte que es necesario comenzar el debate para discutir ya las medidas concretas a final de año.