El FMI examinará a España en octubre en medio de la crisis política

El viaje corresponde al Artículo IV del Fondo, por el cual cada año la institución elabora un diagnóstico sobre la situación de la economía del país, realiza previsiones de crecimiento o paro y plantea una serie de recomendaciones para solventar las debilidades que detecta. Para elaborar el informe, los hombres de negro –por utilizar la expresión que el ministro Cristóbal Montoro hizo célebre cuando España pidió el rescate- se reúnen con toda suerte de actores económicos: gobierno, partidos, sindicatos, empresarios o analistas.

La misión, encabezada por Andrea Schaechter, se reunirá finalmente con un Gobierno en funciones y con un oposición política que no se sabe ahora mismo qué persona encabeza, dada la monumental crisis del partido socialista.

Aun así, de momento, la incertidumbre no ha pasado factura en la evolución económica de España, y el Fondo ha tomado nota de ello. En las próximas previsiones, que presentará el martes en Washington, el organismo mejorará los pronósticos. “El PIB real en el segundo trimestre del año ha sido más fuerte de lo esperado en España, esto será reflejado en las proyecciones revisadas que se presentarán en la reunión anual del FMI de octubre”, según avanzó el portavoz del FMI, Gerry Rice, hace dos semanas en una rueda de prensa.

Las previsiones publicadas en julio, que son las más recientes, situaban la expansión del PIB para este año en el 2,6%. Preveían un freno para el ejercicio siguiente, con un crecimiento del 2,1% (dos décimas menos de los que habían estimado en abril), pero no tenía que ver con las dificultades políticas internas, sino con los posibles efectos de la decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea, el llamado Brexit. Las decisiones de inversión en España no se han frenado en el corto plazo debido a la inestabilidad política, pero en el medio plazo las cosas están menos claras y las medidas para seguir cuadrando las cuentas públicas también se quedan en el aire.

En la última reunión del FMI, el pasado abril, hubo una llamada atención al respecto. El organismo dirigido por Christine Lagarde advirtió a España de que debería llevar a cabo “un ajuste fiscal considerable” como consecuencia del exceso de déficit llevado a cabo en 2015, año electoral y, por tanto, menos propicio para los ajustes. El último llamamiento a más austeridad llegaba, además, tras años de duros ajustes en España. Entre 2011 y 2014, en plena crisis, el desfase entre lo que ingresan y lo que gastan las arcas públicas bajó del 9,13% con relación al PIB hasta el 5,8%. En 2015, con la economía al fin creciendo al 3,2%, ese déficit acabó en el 5%, un punto más de lo que pedía la Comisión Europea.

Aunque entonces no se preveía, el este 2016 también ha resultado año electoral, y el agujero del conjunto de las Administraciones Públicas españolas, excluidos los Ayuntamientos, ya equivalía al 3,27% del PIB hasta julio, lo que complica el objetivo del 4,6% marcado por este año por Bruselas.

Aun así, hace al menos dos años que España ha dejado de ser el farolillo rojo en las reuniones del Fondo, una economía relevante –la cuarta de la zona euro- con debilidades que ponían en riesgo al conjunto del club europeo. Las preocupación del Fondo se centra más en la debilidad del crecimiento previsto en el medio y largo plazo, una inquietud que siente respecto a las economías desarrolladas en conjunto.

Tal y como reiteró Lagarde esta semana, en su discurso previo a la reunión de otoño del FMI, que arranca este martes, la economía mundial avanza a un ritmo lento, la recuperación de la gran crisis de 2008 es muy pobre y los estímulos monetarios de los bancos centrales siguen siendo necesarios para animar el consumo y la inversión