El tribunal de la UE abre la puerta a demandar a la Comisión y el BCE por los rescates

Revolcón judicial (a medias) para la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE). Tanto el brazo ejecutivo de la UE como el BCE se habían librado hasta ahora de las iras jurídicas de los miles de afectados por la condicionalidad impuesta a cambio de los rescates europeos en varios países. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de dictar una sentencia en la que acaba con esa impunidad y abre la puerta a que Comisión y BCE sean juzgados como responsables de las consecuencias de los programas de salvamento en Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre. La justicia europea ha juzgado ya el caso de varios clientes de bancos chipriotas que sufrieron enormes pérdidas por las decisiones impuestas por Comisión y BCE (como les ocurrió a los preferentistas españoles, sin ir más lejos). El juez no les da la razón. Pero subraya que las instituciones europeas ya no pueden ampararse en que fueron esos países quienes pidieron el rescate y permite que los afectados lleven a juicio a Bruselas y Fráncfort, según la sentencia del pasado 20 de septiembre.

Las decisiones de la Comisión y el BCE, según esa sentencia, deben cumplir "los tratados, incluyendo la Carta de Derechos Fundamentales". Eso abre la puerta a litigios contra ambas instituciones, pese a sentencias en sentido contrario de la Corte general y a las opiniones del abogado general de la Unión. Y deja a Bruselas y al BCE como blanco de las denuncias de los afectados por los programas de asistencia financiera, tanto por su actividad como por su inactividad en relación con las medidas propuestas, que supusieron recortes sobresalientes a los Estados de bienestar en esos países, y pérdidas para los clientes de los bancos. La Eurocámara ya denunció en 2014 los efectos secundarios de los rescate en Grecia. Pero ahora entran en ación los juzgados. Si la Comisión hubiera considerado que el memorándum de entendimiento que se firmó en los programas de rescate --un crédito en condiciones ventajosas a cambio de duras condiciones-- vulneraba los derechos fundamentales, tenía la obligación de no firmar: el brazo ejecutivo de la UE "debía abstenerse de firmar un memorando de entendimiento respecto al que albergaba dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión", escribe el juez.

Eso abre la caja de Pandora por mucho que la sentencia desestime la denuncia de los clientes de bancos chipriotas. “La sentencia es muy relevante porque el Tribunal de Justicia confirma por primera vez que la Unión Europea puede ser demandada por los daños cometidos por sus actos durante la realización de los rescates. De hecho, la sentencia dice expresamente que la Comisión, si hubiera tenido dudas sobre la conformidad de la condicionalidad que se imponía a los países rescatados con la Carta de los Derechos Fundamentales, debió abstenerse de firmar el Memorándum de Entendimiento. Al firmarlo, es responsable y por tanto se le puede demandar”, afirma Daniel Sarmiento, antiguo letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las fuentes consultadas aseguran que es poco probable que en España haya demandas contra Comisión y BCE: los litigios contra Bankia y otras causas se han encauzado ya a los tribunales y en muchos casos se han resuelto por la vía de los arbitrajes. Pero en Grecia y Chipre sí puede haber demandas, y ya hay iniciativas en ese sentido. El exministro Yanis Varoufakis escribe en ¿Y los pobres sufren lo que deben? que el rescate a Grecia "fue diseñado para causar dolor a los griegos más frágiles". El actual Gobierno de Syriza, ya sin Varoufakis, siempre ha defendido esa posición. "La condicionalidad se resumía en el desmantelamiento de las provisiones básicas de bienestar social, supervisado por el BCE, la Comisión Europea y el FMI"; "un pequeño grupo de esbirros, disfrazados de tecnócratas, adquirieron un poder con el que los gobiernos de Europa ni siquiera podían soñar", según la versión de Varoufakis. Quienes consideren que vieron violados sus derechos pueden demandar ahora a la Comisión y al BCE.

Ganar esos pleitos, según las fuentes consultadas, no será sencillo: el listón que impone la sentencia en relación a los bancos chipriotas (con quitas a los depositantes con más de 100.000 euros, bloqueo temporal de fondos y conversión de esos depósitos no asegurados en acciones) es elevado. Y deberían darse prisa: todo eso también prescribe. Pero el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) da un nuevo puñetazo en la mesa de la política económica europea: acaba de dar un mazazo a la precaridad laboral en España y ahora anuncia que admite denuncias contra Bruselas y Fráncfort por su papel en los controvertidos rescates.