Cerco a una ‘trama carrusel’ que defraudó más de 47 millones en IVA

En el argot tributario se le llama fraude carrusel porque la mercancía se mueve en círculos sin llegar jamás al consumidor final. Consiste en crear una estructura empresarial, en buena parte ficticia, que se va comprando y vendiendo productos con el objetivo de conseguir millones de euros gracias a las transacciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA). La trama no solo evita pagar el IVA que le correspondería sino que además obtiene devoluciones indebidas de un impuesto que nunca llegó a ingresar en las arcas públicas. Una especie de doble fraude que en los últimos años trae de cabeza a la Agencia Tributaria porque, en cuanto desmantela una trama, aparece otra.

El juez De la Mata ha terminado la investigación sobre uno de los mayores fraudes descubiertos en los últimos años, y ve delitos en la actuación de 51 personas responsables de 134 empresas que entre 2002 y 2004 presuntamente cometieron actividades de asociación ilícita, falsedad continuada en documento mercantil y falsedad en documentos oficiales, delitos contra la hacienda pública y  blanqueo de capitales.

El fraude, asegura De la Mata en un auto al que tuvo acceso EL PAÍS, “implicó una pluralidad de personas asociadas, perfectamente organizada en un esquema estructurado en niveles, con roles y tareas perfectamente diferenciados, de enorme complejidad, permanente en el tiempo”.

El circuito defraudador de este tipo de tramas suele comenzar con una empresa receptora radicada en España, llamada en la jerga del fisco trucha o missing trader, que compra mercancía a una compañía extranjera. Las truchas suelen ser sociedades recién constituidas, sin apenas capital y aparentemente sin personal. Están administradas por testaferros y desaparecen cuando termina el fraude, explica José Luis Groba, presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda. Esa empresa vende la mercancía a otra sociedad interpuesta o pantalla, que solo opera en el mercado interior y cuyo papel es dificultar el seguimiento de la cadena. Le repercute el IVA, pero no lo ingresa.

La pantalla vuelve a vender los productos a una sociedad interpuesta distribuidora, que muchas veces también tiene actividad real. Y esta, a su vez, los vende a una empresa exportadora que los saca de España. Es decir, la supuesta mercancía no se comercializa. Es en esa operación de exportación cuando la última empresa solicita a la Hacienda pública la devolución del IVA, que no ha sido pagado en ningún momento.

En el caso que ha investigado la Audiencia Nacional las mercancías que entraban en España se declaraban como material informático de bajo valor (teclados) para que su coste de entrada no devengara apenas aranceles o pagos de IVA ante la Aduana. En cambio, cuando la mercancía salía hacia Estados Unidos lo hacía como componentes informáticos de pequeño tamaño pero de alto valor, lo que permitía pedir una devolución del IVA sustancial con unos costes de transporte muy pequeños. Según el auto, en unos casos la mercancía existía; en otros, no. Los organizadores de la trama usaron decenas de sociedades para repartir las operaciones e importes y no llamar la atención. También emplearon empresas de Portugal, Francia e Italia, según el auto, que afirma que el control se ejercía desde Asia Chip S. A.

Grandes grupos señalados

El magistrado considera responsables civiles subsidiarios de 28,3 millones a tres empresas: BBVA Trade, BBVA y Gestión Unificada de Proyectos (GUP S. A.), esta última, señala el auto, participada por BBVA e Iberdrola. Fueron estas compañías las que, según el juez, permitieron dar apariencia de negocio legítimo a la trama, al ser “sociedades filiales de sociedades importantes [...] muy reconocidas en su sector de negocio”.

Sobre el papel de BBVA Trade y GUP, el juez asegura que “su superposición y protagonismo en la trama fue nuclear durante los años 2002, 2003 y 2004”. Estas sociedades “facturaron en nombre propio a las sociedades americanas de la organización criminal, y en su propio nombre solicitaron las devoluciones de IVA soportados a la Hacienda Pública, y las devoluciones se cobraron en sus cuentas corrientes”.

“Esta operativa carecía de lógica comercial y solo tiene su explicación en el marco de la operativa defraudadora ideada por todos, buscando la tapadera de BBVA Trade y GUP SA a las que les era más fácil solicitar las devoluciones de las cuotas de IVA ante la Hacienda Pública, dado su carácter de sociedades de trading dedicadas al comercio exterior, filiales de un conocido grupo bancario y empresarial BBVA e Iberdrola, devoluciones que trasladaban a los proveedores de sus cadenas con el pago de sus facturas de compra”. Iberdrola declinó comentar el caso.

El auto afirma que “eran conocedoras de las irregularidades”. Y añade: “Familiares de las apoderadas investigadas por parte de BBVA Trade y GUP formaban parte del circuito de carrusel”.

Fuentes del BBVA señalaron que "se trata de un asunto cuyos hechos son de gran complejidad" y que el juzgado empezó a investigar "hace más de 10 años". Durante la instrucción, "BBVA ha prestado total colaboración con las autoridades judiciales y fiscales para el esclarecimiento de los hechos", añadieron estas fuentes. "Por respeto a la confidencialidad de las actuaciones y con la finalidad de no fomentar juicios paralelos, BBVA Trade y Gestión Unificada de Proyectos reservan sus alegaciones para el momento procesal oportuno en el que demostrarán su falta de participación en la trama, así como la diligencia en la actuación de ambas entidades", concluyeron.

investigacion@elpais.es