El ‘funcionario fantasma’ de Cádiz devuelve el dinero que le exigían por no ir a trabajar

Cobraba más de 3.000 en bruto al mes, pero nadie sabía muy bien el porqué. En la empresa municipal Aguas de Cádiz hacía años que no le veían, tantos que incluso el despacho acristalado que tenía se convirtió en un pasillo. En el Ayuntamiento pensaban que estaba en la entidad gestora de las aguas y allí que trabajaba en el consistorio. Pero, lo cierto, es que su puesto de trabajo no estaba ya en ningún sitio, aunque sí cobraba mensualmente por ello. Más de seis años se prorrogó esta situación del conocido en Cádiz como funcionario fantasma que ahora se ha visto obligado a devolver dinero de las nóminas que le reclamaba el Ayuntamiento gaditano.

Concretamente y tal como publica Diario de Cádiz, ya ha tenido que devolver 27.000 euros, en concepto de nóminas cobradas por no ir a trabajar. El periodo hace referencia a ocho meses, que se suman a otros cuatro de sanción que ya le aplicó el Consistorio. En total, la administración ha recuperado un año de trabajo de este funcionario, lo máximo que determina la ley, del total de los seis años que se considera probado que no acudió a su puesto.

Pero su relación con el Consistorio comienza mucho antes, en 1990. Ese año el también cuñado de un candidato del PSOE a la Alcaldía, fue contratado como técnico adscrito a la Delegación de Medioambiente.

Ya bajo el mandato del PP, en 1998, se acuerda una comisión de servicios por la que el empleado pasa a desempeñar su trabajo en la empresa municipal Aguas de Cádiz, para el seguimiento y control de las obras de una estación depuradora de la ciudad. Se realizó hasta un despacho en las instalaciones que no solía utilizar, ya que su trabajo era itinerante. Su situación se prorrogó hasta 2010, cuando el entonces concejal de Personal, José Blas Fernández, se dio cuenta de que algo no cuadraba y comenzó “las pesquisas”.

“Llegó a argumentar que no le daban trabajo”, explica el ya concejal en la oposición, que decidió abrir un expediente disciplinario contra el trabajador (que ya era funcionario de carrera desde 2005). La sanción de empleo y sueldo por falta muy grave vino tras un informe que consideró probado que "al menos desde 2004 a 2010 el funcionario dejó de asistir al trabajo en Aguas de Cádiz”. Sin embargo, existen dudas de si esa situación se había prorrogado otros diez años más.

Sospechas de 16 años

Con los hechos probados, la sanción se hizo efectiva hasta abril de 2011, cuando el trabajador se acogió a una prejubilación. Fue entonces cuando el Consistorio recurrió al juzgado Contencioso-Administrativo. En enero de 2016, la justicia ratificó el decreto de Alcaldía firmado 27 de junio del año 2013 por la anterior alcaldesa Teófila Martínez (PP) y rechazó el recurso del trabajador.

Durante este tiempo, el empleado no ha hecho declaraciones, aunque su abogado si manifestó que su cliente se sentía víctima de un linchamiento y de una persecución de Fernández. Por su parte, el concejal del PP niega cualquier acoso. “De hecho, yo fui el que lo descubrí, pero no era mi obligación ya que yo no podía controlar a todos los trabajadores del Ayuntamiento”, matiza. Sí se congratula de que se percatara de la irregularidad “antes de que recogiese el premio de jubilación que hubiera recibido en diciembre de ese mismo año”.

El portavoz de junta de personal del Ayuntamiento y presidente del sindicato Autonomía Obrera, Manuel Bienvenido ha mostrado su conformidad con la devolución, aunque ha lamentado que “le haya salido tan rentable no acudir a su puesto de trabajo”. De hecho, cree que, si bien el límite legal de la sanción es un año, “moralmente debería haber devuelto todo lo cobrado en ese periodo”.

Bienvenido ha querido recalcar que exisisten tres responsabilidades de lo ocurrido: “La individual del propio trabajador, la técnica del que debía controlar las labores que realizaba y la política del que lo mandó a esa empresa municipal”. Por ello, señaló a Fernández como responsable de ese último control y denunció la firma de este tipo de colaboraciones que “llevan a una mezcolanza de trabajadores” sin una vigilancia clara. Pese a todo, Bienvenido quiso dejar claro que “se trata de un caso aislado en un Ayuntamiento en el que los funcionarios tienen una demostrada eficacia”.