Condenados los responsables de Afinsa por la estafa de los sellos

La Audiencia Nacional ha condenado este miércoles a 11 de los 13 exdirectivos de Afinsa por la estafa piramidal con la compraventa de sellos que hace una década dejó un agujero de 2.574 millones de euros y afectó a más de 190.000 inversores, en su mayoría pequeños ahorradores. Tras medio año de juicio, que terminó el pasado junio la Sección Primera de la Sala de lo Penal, condena, entre otros, al presidente de Afinsa, Antonio Cano (12 años y 10 meses), a Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa (11 años); Carlos de Figueiredo, su hijo y consejero de la sociedad (11 años y 11 meses); y al jurista de la compañía, el exjefe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José Joaquín Abajo (6 años y 3 meses). Los condenados deberán indemnizar a los afectados, agrupados en distintas plataformas, en la cantidad de 2.574 millones de euros.

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La sentencia acoge prácticamente en su integridad las principales tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que acusaba 13 personas por delitos de estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales. Afinsa desarrolló entre el año 1998 y el 9 de mayo de 2006, cuando fue intervenida, un negocio de captación de ahorro masivo de apariencia lícita, basado en la compraventa de sellos por los que garantizaban altas rentabilidades, superiores a las de la banca o la bolsa. Sin embargo, los sellos no tenían el valor real que prometía Afinsa, que prometía a las víctimas una revalorización constante de los sellos que compraban, pero que en realidad pagaba los intereses de los inversores más antiguos con las aportaciones de los nuevos compradores, una suerte de esquema piramidal.

El 9 de mayo de 2006, Afinsa fue intervenida por las autoridades. En ese momento acumulaba unas deudas superiores a los 1.928 millones de euros. Los acusados, afirmaba la fiscalía, consiguieron perpetrar el engaño gracias a una red comercial “muy fuerte y muy bien pagada que presionaba al máximo” a los inversores para conseguir nuevas adquisiciones y renovaciones y evitar rescisiones, a lo que se unió “un enorme y costoso esfuerzo” para conseguir una fuerte presencia institucional y mediática. Esta red comercial, formada por 716 delegaciones en toda España, estaba formada, según la sentencia redactada por el magistrado Ramón Sáez, por "profesionales sobreintegrados en la subcultura de la organización hasta el punto de atraer y hacer caer a familiares, amigos, vecinos y conocidos en la red especulativa tejida por los administradores".

La sentencia sitúa en la cúspide de la organización a Albertino Figueiredo, experto filatélico y coleccionista, y Juan Antonio Cano, economista. Estos idearon y perfilaron el negocio y tomaban las grandes decisiones en una empresa con "estructura familiar", donde "no existía separación entre la propiedad y la administración". En la alta dirección de Afinsa figuraba el jurista José Joaquín Abajo, que redactaba los contratos de la compañía y compatibilizó su puesto con el de la jefatura de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superio de Justicia de Madrid. Este funcionario cualificado del Estado llegó a imprimir sus borradores de contratos de Afinsa en papel de la Administración de Justicia.

El ponente de la sentencia, Ramón Sáez, argumenta que Afinsa era un negocio inviable, que carecía de sentido económico. Los sellos –llegaron a almacenar 150 millones de estampillas, la mayoría de ínfimo valor- se vendían a los clientes por un precio muy superior al de mercado y se les prometía la recompra por un precio aún mayor. La sobrevaloración constante de los sellos que aseguraba Afinsa era la clave del engaño, un “relato imaginado que solo inversores no informados y crédulos podían aceptar sin reserva”.

Los sellos que gestionaba Afinsa eran retirados de la circulación y almacenados. Eso va contra la lógica del valor de la filatelia, según la sentencia. "El valor del sello se adquiere cuando acude al mercado, en la filatelia, en la subasta y en especial cuando encuentra un comprador, algo que no ocurría en el negocio de Afinsa en tanto que era interno, cerrado y ficticio, donde los sellos se retiraban de la circulación", afirma la sentencia.

Los contables de Afinsa distorsionaban la realidad económica de la compañía y usaron "artificios técnicos" para ocultar su situación patrimonial y la producción de "pérdidas constantes". Los responsables de la trama daban una apariencia de solvencia a Afinsa que se sustentaba en la "inmensa liquidez que proporcionaban los contratos de inversión", es decir, el dinero que iban poniendo las víctimas de la estafa.