Cuarta bala para la banca italiana
La directiva de resolución bancaria no prohíbe inyectar dinero público, pero lo dificulta
Italia podrá recapitalizar a sus anémicos bancos con dinero público. Pero solo si demuestra que esa opción encaja en las restrictivas excepciones a la regla europea. La de que antes que pegar el sablazo al contribuyente, son los accionistas, los bonistas sénior y los júnior o preferentistas los que se rascan el bolsillo para salvar a sus bancos, como sucedió en España, cuyos (400.000) pequeños ahorradores se sacrificaron.
Si los pequeños inversores, que atesoran la mitad de los 60.000 millones de deuda subordinada y 200.000 de deuda sénior (solo en el caso del Monte dei Paschi di Siena son 60.000 personas), pierden su dinero, estallará la desconfianza, y el Gobierno de Matteo Renzi perderá el referéndum constitucional de otoño, y su empleo, a manos populistas: “Quizá habría que intervenir en los bancos como hizo Merkel, que puso 247.000 millones en la banca alemana”, arguye con retranca el florentino, aunque eso pasó al inicio de la Gran Recesión, cuando el asunto no estaba regulado.
Pero si los ahorradores no pierden su dinero y se salvan al violarse la Directiva —de Reestructuración y resolución bancaria (2014/59, 15/5/2014)— que establece un orden de prelación de perjudicados empezando por los privados y acabando por los públicos, entonces, la credibilidad de la norma, y de la unión bancaria de la que es pilar, capotará. Pues “lo único importante es que respetemos lo que hemos acordado entre nosotros, de lo contrario todo será cuestionado en Europa”, defiende el jefe del Eurogrupo, el rígido Jeroen Dijsselbloem.
La directiva no prohíbe inyectar dinero público a la banca. Pero lo pone muy difícil. De sus plúmbeas 189 páginas, dedica apenas cuatro (art. 31 y siguientes) a fijar cuatro excepciones. Una, el apoyo público mediante garantías estatales para respaldar la liquidez: ya está en marcha, hasta 150.000 millones. Otra es el apoyo con garantías estatales a los pasivos de nueva emisión (por ejemplo, titulación de créditos dudosos ofrecidos al mercado), lo que se intentó con el hábil y prometedor plan de rescate de enero, pero que fracasó porque el dinero avalado se aplicó a salvar a dos minúsculas entidades (hay centenares) en quiebra, la Popolare de Vicenza y la Veneto Banca.
La tercera es la excepción de la regla “a fin de evitar perturbaciones graves de la economía de un Estado miembro y preservar la estabilidad financiera”: Italia enarboló el Brexit como una de ellas. Bruselas se lo negó. Queda la cuarta bala, a dilucidar el próximo día 29, cuando la Autoridad Bancaria (con sede aun en Londres) y el BCE publiquen los datos de sus nuevas pruebas de resistencia a la banca: es la “recapitalización pública preventiva”, por la que las inyecciones de dinero se limitan a reparar temporalmente el déficit de capital cuantificado en las pruebas de estrés. Pero no pueden destinarse a enjugar pérdidas, deben otorgarse con precios y en condiciones que no den ventaja comparativa a la entidad beneficiada y cumplir las reglas astringentes de toda ayuda de Estado (compensaciones a los competidores).
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