La demografía cambia la economía

Pocas cosas hay que sean tan fáciles de prever a largo plazo y tan difíciles de modificar como la evolución demográfica de un país, de un continente, de una zona monetaria o de todo el mundo. Analizada desde una perspectiva estrictamente económica, la demografía no consiste tan solo en profetizar un aumento continuado de la población mundial —algo que se desprende de la comparación de las tasas mundiales de mortalidad y natalidad— sino en analizar los diferentes potenciales de la población por zonas (la población europea envejece, mientras que la asiática o la africana crecen), examinar los costes y beneficios de los trasvases de población y, en fin, los efectos económicos del envejecimiento.

Y por lo que sabemos hoy, el envejecimiento significativo de la población procede de una disminución de la tasa de natalidad en zonas acotadas, concretamente en los países con mayor grado de bienestar (tener hijos tiene un coste en dinero, tiempo y comodidad) prácticamente desde comienzos del siglo XX. Junto a ello se da una caída de la tasa de mortalidad (la tecnología médica se aproxima a toda velocidad a las prestaciones de ciencia ficción). En breve, dicho envejecimiento, cuando es significativo (el porcentaje de personas mayores de 64 años sobre la población total del mundo pasará del 9% actual al 19% en 2050), implicará menos inflación y más gastos sociales.

A largo plazo, tendencia demográfica es prácticamente inamovible, porque, aun cuando se consiguiera aumentar la natalidad en las áreas donde se ha hundido (en Europa, sin ir más lejos), el factor determinante en la curva es el aumento de la esperanza de vida; y ese factor es prácticamente imparable. A no ser que el crecimiento continuo y exponencial de la población choque con una crisis grave de recursos que no pueda ser compensada con el progreso de la tecnología. Un caso de maltusianismo venido a más. La economía sigue teniendo ese fondo melancólico de dismal science (ciencia lúgubre) que le descubrió Carlyle.

El caso es que el envejecimiento de la población obliga a elaborar correcciones importantes en la política económica. Ya no es posible sostener un sistema público de pensiones sobre el criterio de que los trabajadores actuales con empleo sufraguen las percepciones de los pensionistas de hoy. La variable tiene que ver con el envejecimiento de la población, y es la diferencia entre la fecha legal de jubilación y el momento del fallecimiento quien percibe la prestación. Como ese periodo se va ampliando gracias al aumento de la esperanza de vida, el sistema tiende a la quiebra si no se toman decisiones impopulares o costosas. A la primera categoría correspondería subir la edad de jubilación, que en algunos casos es una penalización para el trabajador; al segundo, integrar en los presupuestos parte del coste de las pensiones.

Existe, por supuesto, la opción de elevar las cotizaciones. Pero es una decisión que cabría incluir en ambas categorías. Elevar la cotización implicaría hacer más evidente la distancia actual (excesiva) entre lo que un trabajador cotiza y la pensión máxima a la que tiene derecho. Es decir, iniciaría un debate sobre la conveniencia de subir la pensión máxima. Por otra parte, cotizar más implica necesariamente gravar la creación de empleo estable y primar indirectamente la precariedad. Como puede apreciarse, el envejecimiento de la población dice mucho sobre las excelencias de la sanidad, pero complica las políticas económicas, pensadas para otras pirámides de población. En todo caso, la adaptación política debe empezar ya.