La justicia francesa impone una nueva multa a UberPop

Un tribunal penal francés ha impuesto este jueves una nueva multa, esta vez de 800.000 euros, a Uber, la firma americana de transporte de alquiler entre particulares, por haber puesto en marcha UberPop, un sistema en que participaban conductores sin ningún tipo de licencia profesional. Los problemas judiciales de Uber en Francia conforman ya una maraña compleja en la que, hasta el momento, la firma ha perdido casi todas las batallas contra el sector del taxi.

UberPop, un servicio más barato que UberX, dejó de funcionar en Francia hace un año tras una sentencia condenatoria. El sistema con conductores profesionales, que compite directamente con los taxistas, sigue sin embargo al alza en el país, donde ya dispone de 1,5 millones de usuarios. El impacto de esta última decisión judicial no tendrá ningún impacto en el terreno práctico, pero la compañía considera que es una barrera a la economía colaborativa en la que se basa su negocio. "Estamos decepcionados, pero el debate sobre el transporte a demanda entre particulares continúa", ha dicho un portavoz de Uber tras conocer la decisión. "Vamos a apelar la sentencia".

La firma americana se exponía en este nuevo pleito a una multa de 1,5 millones. La condena ha sido, sin embargo, mucho menor: 800.000 euros, la mitad de ellos con suspensión de pena. También las multas a los directivos Thibaud Simphal, responsable de Francia, y Pierre-Dimitri Gore-Coty, exdirector para Europa occidental, han sido más pequeñas de lo esperado: 20.000 y 30.000 euros respectivamente, solo a pagar la mitad. La fiscalía había pedido hasta 70.000 e inhabilitación en la gestión durante cinco. El tribunal ha considerado, no obstante, que la actividad de UberPop en Francia representaba una práctica comercial engañosa e ilegal.

El éxito de Uber en Francia es, a pesar de los problemas judiciales, incontestable. “Contamos ya con 12.000 conductores”, explica un portavoz de la compañía. “Esto es imparable”. Una firma francesa, Heetch, ya está funcionando con las mismas bases que Uber, a pesar de la amenaza de sanciones.

El Gobierno francés, presionado por los taxistas, que acusan a Uber de competencia desleal, legisló en 2014 para reglamentar el sector. Esa ley permite seguir operando a Uber, siempre que sus conductores sean profesionales y respeten ciertas reglas, como la de regresar siempre a su base una vez hecho un servicio. Es la llamada Ley Thévenoud, avalada por el Consejo de Estado en septiembre del pasado año y sobre la cual se basa la sentencia de hoy.

Uber opera también en Madrid desde el pasado 1 de marzo. La Comisión Europea pidió a principios de este mes a los Estados que eliminen las trabas al sector de la economía colaborativa y ha propuesto que se establezcan reglas comunes en todas Europa. Según Bruselas, las prohibiciones absolutas deberían ser “de último recurso”. Cree que no deberían exigirse licencias para operar a plataformas que solo actúan de intermediarias. Es el caso de Uber, de HomeAway o de Blablacar, entre otras.