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OPINIÓN

Por una gestión pública más inteligente

Se habla y mucho de nuevos compromisos de gasto y extensión de derechos, pero poco de cómo se van a financiar

En España tenemos problemas significativos en la definición, ejecución y control de los planes presupuestarios y las políticas públicas. Todo comienza con las incoherencias presupuestarias en los programas electorales. Se asume, sin aparente ápice de crítica, que los programas de los partidos políticos a todos los niveles de gobierno son una suerte de carta a los Reyes Magos. Se habla y mucho de nuevos compromisos de gasto y extensión de derechos, pero poco de cómo se van a financiar. Los programas electorales no incluyen memorias económicas detalladas que puedan ser evaluadas técnicamente. La incoherencia presupuestaria debería ser algo fuertemente penalizado por los electores en una Sociedad madura. En segundo lugar, en España nos gustan los extremos. Pasamos de la inacción a la pretensión de ruptura; frente al movimiento tendencial nos decantamos por el pendular. Parece que no nos encontramos cómodos con el gradualismo y una construcción pactada que parecen imprescindibles en numerosos frentes de maduración lenta, como la educación, la I+D+i, etcétera.

En tercer lugar, en España parece que no nos gusta nada la evaluación previa de la rentabilidad social de las inversiones y los programas de gasto en general. Se decide acometer inversiones de cientos de millones de euros sin haber analizado antes con rigor y desde la independencia los beneficios sociales esperados de la actuación. Pocos nos comportamos así en nuestras vidas privadas. Antes de comprar un coche, una casa o un televisor, pensamos si realmente merece la pena, buscamos diferentes opciones, y acabamos encontrando un equilibrio razonable. Cuando nos trasladamos al ámbito de la decisión pública, nos dejamos esta racionalidad por el camino. Y cuarto, experimentamos relativamente poco antes de rediseñar una política pública; y aprendemos todavía menos de la experiencia. Las pruebas piloto, bien diseñadas y evaluadas, son habituales en otros países, pero excepción en España. Una de las ventajas de la descentralización competencial es la posibilidad de experimentar soluciones nuevas. Pero la segunda parte de la ecuación es la existencia de foros permanentes en los que se compartan los resultados. En este caso, existen más excepciones, pero existe un margen de mejora sustancial.

Se abre ahora un nuevo proceso electoral en España. Y todo apunta a que el próximo gobierno será de coalición o monocolor con respaldo parlamentario minoritario. Eso conlleva que el diálogo y el pacto vayan a ser obligados. Es por tanto una buena coyuntura para mejorar en el primero de los aspectos apuntados y para incorporar en esos pactos de legislatura la racionalidad presupuestaria como un objetivo y valor a la misma altura que la imprescindible estabilidad fiscal.

Santiago Lago Peñas es Director de GEN (Universidad de Vigo)