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La morosidad asfixia a muchos proveedores

38 compañías cotizadas exceden los 60 días que fija la ley para saldar cuentas con los suministradores

Las empresas constructoras son las que más tardan en pagar.
Las empresas constructoras son las que más tardan en pagar.

El estallido de la crisis financiera y la posterior recesión económica elevó la morosidad de empresas y administraciones públicas en el pago a proveedores. La dilatación de los periodos de cobro estrangulaba la liquidez de las pequeñas y medianas compañías, la base del tejido empresarial del país. La situación llegó a ser tan desesperada que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio forzado a aprobar nuevas medidas para luchar contra la morosidad. Entre ellas se fijó un periodo máximo de 60 días para saldar cuentas con los suministradores en el caso de las empresas privadas y de 30 días para los organismos públicos. Con un periodo de adaptación de dos años, la medida entró en vigor en 2013. Desde entonces, se ha corregido en parte el retraso en los pagos, pero la situación dista bastante de ser la ideal y muchas empresas siguen sufriendo por este motivo.

El último dato de la Central de Balances publicado por el Banco de España, correspondiente al ejercicio 2014, señala que el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 64 días. Por otro lado, un análisis realizado por EL PAÍS con los datos contenidos en las memorias anuales señala que, en las empresas cotizadas, el tiempo medio de cobro por parte de los suministradores es de 50,5 días. Entre las 120 compañías con presencia en Bolsa todavía hay 38 sociedades que sobrepasan el plazo legal de 60 días.

“La morosidad ha sido y es la causa más importante del cierre de empresas en España y de la destrucción de puestos de trabajo. La financiación constituye el oxígeno de las compañías y, por lo tanto, el retraso en los cobros tiene un impacto crucial en la competitividad de un país”, denuncia Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Durante el ejercicio 2015 las grandes empresas españolas, es decir, aquellas incluidas en el Ibex 35, pagaron a sus proveedores productos y servicios por valor de 101.049 millones de euros. Sin embargo, a 31 de diciembre pasado aún tenían facturas por abonar valoradas en 7.075 millones, según reflejan sus informes anuales. En total, el saldo acumulado que deben los grupos del Ibex 35 a sus acreedores comerciales asciende a 47.530 millones.

La morosidad asfixia a muchos proveedores

“El retraso en el pago tiene dos tipos de impacto para los proveedores. El primero está relacionado con el aumento de los costes financieros y la caída en el margen de ganancia. Es decir, para poder aguantar hasta que el cliente pague, muchas empresas tienen que pedir un crédito. El segundo efecto, el problema de liquidez, es más grave y está relacionado directamente con la supervivencia de la empresa. Si una firma no tiene caja para pagar las nóminas, el alquiler de las oficinas o la luz suele acabar echando el cierre”, explica Luis Rodulfo, miembro del comité ejecutivo de Cepyme.

Los afectados piden que se fije un régimen sancionador en caso de incumplimiento

La empresa del Ibex 35 que con más retraso paga a sus proveedores es FCC: abona sus deudas a 99 días de media, según confirma su propia memoria. Tras la compañía controlada por Carlos Slim se sitúan Acerinox (79 días), Mediaset (77), ACS y Grifols (72) y Técnicas Reunidas (64). Por el contrario, el grupo que más rápido abonó sus deudas en 2015 fue Mapfre. La aseguradora presenta un periodo medio de pago de siete días. Tras ella se sitúan Bankia (11) y Banco Santander (12).

“Estamos ante una situación cultural muy enraizada, y es difícil que una ley como la actual, que no tiene elementos coercitivos para castigar a los que tienen la fuerza del mercado, lo pueda solucionar”, apunta Jesús Palau, profesor del departamento de Finanzas de Esade. “En los vínculos comerciales se establecen unas relaciones de poder que dan ventaja a los más grandes. Pocos proveedores están en disposición de negarse a dilatar los plazos con algunos de sus mayores clientes o a denunciar incumplimientos”, añade Palau.

La morosidad asfixia a muchos proveedores

Diferencias por países

Los países del sur de Europa tienen unos patrones de comportamiento muy similares y éstos son muy diferentes de las relaciones comerciales de economías como la francesa o la alemana, donde los proveedores cobran a un plazo bastante menor. “El interés de demora que hay en España es mucho más bajo que en otros países vecinos. Además, estos intereses no se ejecutan hasta que no lo pide el proveedor al que adeudan el dinero, circunstancia que normalmente no ocurre”, opina Rodulfo.

Las empresas cotizadas deben calcular el plazo medio de pago a proveedores en virtud a una serie de parámetros fijados en la legislación. Sin embargo, en función de qué organismo facilite los datos, las cifras varían sustancialmente. Por ejemplo, la PMcM calcula que el plazo de pago del Ibex asciende a casi 170 días, casi el triple del máximo permitido. La diferencia con lo declarado por las propias compañías en sus memorias radica en el cómputo del confirming. Este es un servicio de pago a proveedores que ofrecen las entidades financieras a las empresas. Muchas compañías pactan de manera contractual plazos de pago dilatados sobre la fecha de factura y el confirming es una herramienta de pago que le permite al proveedor disponer del cobro de la factura de manera anticipada a la fecha de vencimiento del pago pactado con la empresa. “El confirming distorsiona el plazo medio de pago y está creando una burbuja en los balances de muchas compañías. Un proveedor al que le deben 1.000 euros puede ir al banco y pedir que le anticipen el pago pero, como tiene que pagar intereses, la cantidad a recibir se le puede quedar en 900 euros. Hay muchas pymes que no pueden soportar ese impacto en su margen”, advierte Cañete.

El sector de la construcción es, con un periodo medio de pago de 179 días según los datos del Banco de España, uno de los más remisos a la hora de saldar las deudas con los proveedores. Fuentes de este sector, que piden mantener el anonimato, quitan hierro a esta situación. “Es un debate muy complejo y, en general, se exageran mucho las cosas. Hay que tener en cuenta que las grandes constructoras tienen más del 85% de su negocio fuera de España. Además, las empresas del sector son las que peor cobran en los contratos firmados con la Administración y, por lo tanto, somos los que más tarde pagamos a los proveedores. Muchas empresas que trabajan con nosotros usan el confirming y, si no incluyen el coste financiero que conlleva en la factura, es responsabilidad suya”, argumentan.

Las constructoras atribuyen los retrasos a la administración

¿Qué modificaciones habría que introducir para que los pagos se ajustasen a lo que indica la ley? Los expertos consultados lo tienen claro: fijar unas sanciones para las empresas morosas. “O existe un mecanismo que regule los abusos o es casi imposible que un proveedor denuncie a un cliente, más aún cuando se trata de una gran empresa. Hay pymes que denuncian y obligan a su cliente a pagar los intereses de demora, pero en esos casos saben que no vuelven a trabajar más con esa compañía”, señala Cañete.

En el caso de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) apuntan a otra posible solución que pasa por implicar más a la Administración en el proceso de cobro. “En los contratos privados con organismos públicos sería muy positivo que la Administración vigilara si realmente se cumple la cadena de pagos y, en caso de infringirse, no debería volver a contratar con los morosos”, señala Rodulfo, que además de miembro de la patronal es director general de Cepco (Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción).

Por último, la PMcM ha creado un sello de buen pagador para las grandes compañías e instituciones que cumplan escrupulosamente con los plazos de pago que establece la Ley. El reconocimiento incluye una imagen con el texto “Soy responsable con los pagos” y va impreso en las facturas de las entidades que lo soliciten. “También proponemos la creación de un observatorio de pagos para que se analice el problema de una forma amplia”, concluye Cañete.