Montoro: las cuentas del Gran Capitán

Aviso a navegantes, para que dentro de un año no aleguen ignorancia, y aunque algunos Lázaros se agolpen ante las migas del rico Epulón. La oferta de un tope de déficit del 0,7% del PIB lanzada por el ministro de Hacienda a las autonomías —de la que discuten hoy— carece de base, no es proporcional, ni legal, ni sabia.

Carece de base racional. Primero porque inicialmente repartió las ocho décimas adicionales a las previstas que el Gobierno pretende conseguir de Bruselas para 2016 (3,6% en lugar del 2,8% comprometido) por mitades entre Seguridad Social (SS) y comunidades (0,4% para cada quien). Esa ocurrencia salomónica de partir por la mitad —aunque ahora no sean bebés— si bien era mejor que cero, no conjugaba con las distintas cifras, déficits, deudas y sistemas de financiación de ambos mundos.

Y con igual falta de explicación técnica se incrementó el margen de la SS (0,3%) de cuatro décimas a ocho, hasta el 1,1%. Cuando todos saben que su pertinaz déficit requiere de otras medidas, estructurales: completar la financiación por cuotas con impuestos; mejorar la recaudación luchando contra el fraude; promover empleo, y de calidad.

El tope del 0,7% (antes 0,3%) a las autonomías tampoco es proporcional al peso de cada administración en el gasto público total. Si la central (incluida la SS que ella gestiona) supone el 56% de ese total, le correspondería un techo del 2,01 (0,36% de 56%): se lo amplía tan ricamente al 2,9%. Si las autonomías suponen hoy el 33% del gasto, les correspondería un tope del 1,18%, que Cristóbal Montoro estrecha al 0,7%.

Ni es legal. La única norma para el reparto del déficit entre los distintos niveles de gobernanza figura en la transitoria primera de la Ley de Estabilidad 2/2012, y consagra las proporciones que existían entre ellas, en déficit estructural, a 1 de enero de 2012. Les ahorro tecnicismos: aplicando esa regla, a las autonomías les correspondería un margen del 1,26% (en vez del 0,7%).

El reparto tampoco es sabio. No lo es porque el techo uniforme para todas las autonomías contraría la idea de “aprobar sendas de capacidad o necesidad de financiación diferenciadas” para cada una, como defiende la Autoridad Fiscal Independiente (informe del 22 de abril, www.airef.es).

Eso ya se hizo en 2013. Y se practica en Europa: el objetivo del 3% de déficit (y después el del equilibrio presupuestario) es común para los 28 Estados de la UE. Pero cada uno recorre su vía hacia el mismo en calendario diferente, según su situación específica de partida, y los incidentes del trayecto.

Ni hace justicia al mayor esfuerzo realizado por las comunidades que por el Gobierno durante el cuatrienio Rajoy. Algunos culpan a aquéllas de ser “auténticas raíces” del déficit excesivo (Manuel Lagares, El Mundo, 11/4). Aclarémoslo con un cálculo, el esfuerzo absoluto realizado por ellas para reducir su déficit (1,69 puntos de diferencia entre el 3,35% de 2011 y el 1,66% de 2015): reducción del 50,44%. Muy superior al 31,46% del Gobierno —con SS—: 1,74 de reducción desde el 5,53% al 3,74% (cifras del MINHAP, 7 de abril).

Y si se relacionan esos resultados con la cuota de gasto de cada nivel (33%/56% del total), el impacto del esfuerzo autonómico en el descenso global del déficit triplicaría al del esfuerzo central. Otra cosa es si se cortaron gastos por lo fácil (inversiones, servicios sociales) o por lo adecuado (gasto corriente, duplicaciones administrativas).

El Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba ganó fama (1506) por su fantasiosa rendición de cuentas a don Fernando sobre los gastos de su campaña italiana: “En picos, palas y azadones, cien millones”. Creó escuela.