Antifraude registra las oficinas de Peugeot y Citröen en Francia
El Grupo PSA confirma la operación, relacionada con las investigaciones por el escándalo de las emisiones contaminantes
La sede del gigante automovilístico francés PSA, fabricante de las marcas de coches Peugeot y Citroën, ha sido registrada hoy por funcionarios antifraude dentro de la investigación en marcha sobre el fraude de las emisiones en el sector del automóvil, según ha anunciado la propia compañía en un comunicado.
“Como parte de las investigaciones en marcha sobre contaminantes en el sector del automóvil, el Grupo PSA ha sido hoy objetivo de una operación de entrada y registro de la Dirección General de Política de Competencia, Consumo y Control del Fraude”, dice el comunicado.
La agencia Afp asegura que ha contactado con los servicios antifraude, que no han dado detalles ni sobre la operación ni sobre los motivos de la misma. PSA asegura que cumple con las normas sobre emisiones contaminantes y que está cooperando “plenamente con las autoridades”.
El grupo añade que desde noviembre de 2015 ha apostado por la transparencia de cara a sus clientes "a través de la publicación de los resultados de consumo de uso real surgidos de un protocolo de prueba definitivo junto con las ONG Transport & Environment (T&E) y France Nature Environnement (FNE)".
Esta operación llega tres meses después de la investigación sorpresa a la empresa Renault, el segundo mayor fabricante de coches de Francia, dentro de una campaña del Gobierno galo iniciada a raíz del escándalo de las emisiones del grupo Volkswagen.
Precisamente hoy, el grupo alemán ha presentado ante un juez de EEUU una oferta de acuerdo por la que indemnizará a los afectados -dueños de modelos Jettas, Passats y Touareg- por un montante que podría alcanzar incluso el valor de compra del vehículo.
Volkswagen ha llegado a un principio de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para conceder "compensaciones sustanciales" a sus clientes por el escándalo de las emisiones de los automóviles diésel trucados, lo que afecta a unas 600.000 unidades vendidas, y así evitar un juicio. La compañía ofrecería la recompra de unos 482.000 vehículos con el motor 2.0 trucado, según el juez encargado del caso, Charles Breyer. En una vista celebrada en San Francisco, Breyer informó
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