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Hacienda castiga a Extremadura y Aragón por su reiterada morosidad

Embargará dinero a las dos comunidades porque tardan más de 60 días en abonar por productos y servicios que reciben de empresas

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro Uly Martin Atlas

Extremadura y Aragón no podrán disponer directamente de los fondos de la financiación autonómica. Son dos de las comunidades que registraron mayores números rojos en 2015. Y las dos que peor pagan a sus proveedores. Hacienda, tras el rapapolvo de Bruselas por incumplir el objetivo de déficit, quiere escenificar que aprieta las tuercas a las comunidades y ha desplegado una batería de medidas contenidas en la Ley de Estabilidad para obligar a las autonomías a ajustar sus cuentas. De momento, retiene los ingresos a Aragón y Extremadura, ambas gobernadas por el PSOE, para pagar las facturas de sus proveedores y advierte a Baleares, Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias y a la Comunidad Valenciana.

La Comisión Europea ha dejado de poner a España como ejemplo de buen alumno y ha abierto un proceso de “recomendación autónoma”, el paso previo a medidas más sonrojantes, por su amplía desviación del objetivo presupuestario. El déficit público de España ascendió al 5,16% del PIB en 2015 cuando el tope era del 4,2%.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, apenas tiene capacidad para aprobar nuevas iniciativas por su situación de interinidad, pero si puede desplegar las que ya están previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la norma aprobada en 2012 para encorsetar las cuentas públicas.

Montoro quiere apretar a las comunidades con todos los mecanismos que dispone a su alcance. Aragón y Extremadura, dos de las comunidades más indisciplinadas con las metas presupuestarias y las que peor pagan a sus proveedores, son las primeras en probar la amarga medicina. Hacienda les embarga los ingresos  del fondo de financiación para pagar las facturas pendientes con sus proveedores. Es la primera vez que el Estado retiene fondos a una autonomía y supone una de las medidas más extremas de la Ley de Estabilidad.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, remitió el pasado viernes una carta a estas comunidades en las que recordaba las advertencias emitidas, el 5 y el 26 de marzo de 2015, por los reiterados incumplimientos de la ley de morosidad que establece que las administraciones públicas no pueden tardar más de 60 días en pagar a sus proveedores.

Estrecha la vigilancia

Hacienda aplica ahora la normativa del modo más exigente pese a que pudo hacerlo desde el pasado verano, según los plazos fijados por la Ley de Estabilidad. Pero entonces, no tenía una reprimenda de Bruselas y las elecciones aún estaban en ciernes.

El ministerio también ha lanzado una seria alerta a Baleares por tardar más de 60 días en pagar sus facturas durante más de dos meses consecutivos. Hacienda también le ha remitido una carta en la que le insta a elaborar un plan de tesorería en el que deberá “indicar el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que deberá adoptar para generar la tesorería necesaria para la reducir el periodo medio de pago a proveedores”, según establece la Ley de Estabilidad. La Comunidad Valenciana, una de las que más tarda en pagar sus compromisos, está en situación de alerta desde el verano pasado. Hacienda le ha recordado que debe recortar su morosidad o pasará a retenerle los ingresos como a Aragón y Extremadura.

El ministerio, además, ha enviado cartas de advertencia a Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla León, Cantabria, Galicia y Asturias por rebasar el plazo legal de pago a los proveedores.

La consejera extremeña de Finanzas, Pilar Blanco, lamentó la medida de Hacienda que se produce unos días después de que el Ejecutivo socialista pudiera sacar adelante sus presupuestos para este año que están “claramente orientados a la estabilidad” y a subsanar los tremendos errores” que cometió el anterior Ejecutivo regional del PP al “no presupuestar correctamente las necesidades del Servicio Extremeño de Salud”, según recoge Efe.

Por su parte, el consejero aragonés de Hacienda asegura que pagará en menos de 60 días cuando reciba el dinero comprometido del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Junta de Andalucía acusa al ministro Montoro de "sobreactuar" con las comunidades autónomas. En una nota difundida este martes, la consejera de Hacienda andaluza, María Jesús Montero, explica: "En el caso de Andalucía la carta en ningún caso comunica el inicio de medidas ni coercitivas ni correctivas, y sólo traslada la necesidad de información adicional sobre los periodos medios de pago para garantizar con carácter preventivo que se cumple la normativa". Desde la Junta añaden que es "un síntoma de nerviosismo que sea a raíz de comunicar los datos del déficit cuando el Ministerio de Hacienda haya empezado a preocuparse por el periodo medio de pago y por intentar apretar a las comunidades".

Retenciones a los Ayuntamientos

Hacienda también ha retenido fondos de la financiación a 351 Ayuntamientos por no haber aportado aún los datos de cierre de 2014, según informa Europa Press. La gran mayoría son municipios pequeños, aunque destacan 31 Consistorios con más de 5.000 habitantes, entre los que está el de Marbella. En el caso de los Ayuntamientos, no es la primera vez que Hacienda ha retenido fondos de su participación en los ingresos del Estado a algunas de estas entidades.

El corsé presupuestario para las autonomías

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, anunció la semana pasada que comenzaría a aplicar las medidas coercitivas incluidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria tras el rapapolvo de Bruselas. Explicó que enviaría un requerimiento a las comunidades que incumplieron el déficit —todas menos Galicia, Canarias y País Vasco— para que en el plazo de 15 días aprobaran la no disponibilidad de créditos que garantice los objetivos presupuestarios de 2016, según recoge el artículo 25 de la citada norma. Es la medida más estricta del proceso y nunca se había aplicado hasta ahora.

Mientras envía los requerimientos, el ministerio también ha ampliado las condiciones que exigirá a las comunidades que se sometan al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Les obligará a adherirse al instrumento de sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario para las comunidades, y deberán sumarse al protocolo de Farmaindustria, que impide elevar el gasto farmacéutico más allá del alza del PIB. También les exigirá estar conectados al registro de facturas electrónicas del Estado, en las mismas condiciones que Cataluña. Les obligará destinar los anticipos a pagar deudas pendientes y se les impedirá destinar estos recursos adelantados del sistema de financiación a aumentar el gasto público. Además, se exigirá al Interventor General que emita un informe mensual sobre el cumplimiento de déficit, deuda y regla de gasto.

Además, Hacienda exigirá un cumplimiento exhaustivo de la regla de gasto, que impide a las comunidades subir los compromisos por encima del 1,8%, considerado el crecimiento potencial de la economía.