Bruselas subraya su profundo malestar por el incumplimiento

Madrid juró y perjuró en Bruselas que cumpliría a rajatabla el déficit. Lanzó acusaciones a la Comisión Europea por usar políticamente el caso español. Cifró el agujero provisional en el 4,5% del PIB, y apuntó que la UE había errado en sus pronósticos. Pero el dato definitivo da la razón a Bruselas: la Comisión ha expresado este jueves, en privado y en público, sorpresa y un profundo malestar por el grado de incumplimiento fiscal. El brazo ejecutivo de la UE asume que el próximo Gobierno pedirá un año más para alcanzar la meta del 3%, pero a cambio de un duro ajuste.

El Gobierno español desgarra el velo de las apariencias: incumplió sus reiteradas promesas al cerrar el último año de legislatura con un déficit del 5,2% del PIB. Eso supone un agujero de unos 10.000 millones por encima de lo previsto, que levantó una polvareda en Bruselas. La reacción del Ejecutivo comunitario se queda a medio camino entre la estupefacción y el fastidio: el dato definitivo “es una gran sorpresa”, ha explicado el vicepresidente comunitario, Valdis Dombrovskis. Ese rotundo 5,2% “confirma las preocupaciones de la Comisión sobre la trayectoria presupuestaria de España”, ha añadido en un suculento comunicado Pierre Moscovici, titular de Asuntos Económicos.

Bruselas da la bienvenida a la mano dura anunciada por Madrid para las autonomías, pero deja entrever que eso no basta. Y apunta que el examen final no llegará hasta mayo, una vez Eurostat, la agencia estadística de la UE, confirme el dato —el 21 de abril—, el Gobierno envíe el nuevo plan de estabilidad —a finales de este mes— y la Comisión publique las previsiones de primavera, a mediados de mayo. Hasta entonces, eso sí, nada va a cambiar sustancialmente. Los continuos incumplimientos de España, tal y como ya quedó claro en una recomendación atónoma enviada en marzo y adelantada por este diario, tendrán consecuencias, según las fuentes consultadas. Y serán negativas: el excesivo déficit obligará al próximo Gobierno a acometer un duro ajuste bajo la tutela de la Comisión, con la habitual combinación de reformas y recortes, y con la amenaza de sanciones cada vez más cerca. Queda por ver la magnitud de ese ajuste y el tempo más adecuado para aplicarlo.

En Bruselas conviven hoy dos escuelas que se enzarzarán en un duro debate en las próximas semanas para dilucidar si el varapalo de la UE se hace efectivo ya en mayo o si la falta de Gobierno obliga a posponerlo. Lo más probable es que la Comisión espere a que se forme un nuevo Ejecutivo. Bruselas podría negociar entonces la nueva senda del déficit —un año más, según sugirió el ministro Luis de Guindos— a cambio de una retahíla de reformas y recortes. A diferencia de otras veces, Madrid no lleva una buena mano: carece de credibilidad al incumplir reiteradamente sus promesas, no ha hecho ajustes en los dos últimos años —al contrario: aprobó una rebaja fiscal electoralista y a destiempo— , y el PIB crece al 3%, por encima de su potencial. A su favor, una nebulosa en la que se mezcla la delicada situación política y las peticiones del BCE, el G-20 y el FMI a favor de cierta laxitud fiscal.

Moscovici ha protagonizado un largo tira y afloja con España por el déficit. Antes de que fuera formalmente aprobada, adelantó la opinión negativa de Bruselas sobre el proyecto de presupuesto. Eso le valió un tirón de orejas de su jefe, Jean-Claude Juncker, y del ministro alemán Wolfgang Schäuble y el propio Gobierno español, que sugirieron que su filiación ideológica e incluso su país de procedencia —Moscovici es socialista y francés— explicaban en parte las motivaciones del comisario. Al final, Bruselas dio por buena esa opinión negativa. Y los datos han acabado confirmando punto por punto los temores de Moscovici.

La gran baza de España puede ser la frágil recuperación de la eurozona y el hecho de que hay más casos difíciles, con Italia y Portugal en el disparadero. Tanto Dombrovskis como el jefe del Eurogrupo, Jeoren Dijsselbloem, han dejado entrever que las reglas son las reglas y, sin embargo, se abre paso un frente menos ortodoxo. En las próximas semanas se verá si el viraje de Bruselas sobre las reglas fiscales es o no pura contorsión intelectual. ¿La Comisión se limita a elevar las apuestas retóricas o esta vez va en serio?

7.000 millones de ajuste autonómico

El ministro de Economía, Luis de Guindos, habló el miércoles del déficit con el comisario Pierre Moscovici, y se reunió ayer en París con el vicepresidente Valdis Dombrovskis. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, España propone un ajuste de 7.000 millones en las autonomías: básicamente, un acuerdo de no disponibilidad que les impide elevar el gasto por encima del 1,8%.

Bruselas prevé un déficit del 3,6% del PIB para 2016: con ese recorte —y si el crecimiento no se desinfla—, el próximo Gobierno estaría en condiciones de cumplir el objetivo y de negociar una senda menos exigente.