Fuga de impuestos

La elusión fiscal es uno de los problemas más graves y también más difíciles de resolver que padece la economía global. El fraude tributario individual provoca daños cuantificables (al menos 250.000 millones de euros en bases imponibles ocultas en España, sin ir más lejos) y contribuye a disolver la cohesión social, aunque tales apelaciones no digan nada al evasor de impuestos. Pero el peligro más acuciante y amenazador es la elución fiscal societaria; las empresas transnacionales sencillamente reenvían sus ingresos a las áreas nacionales con menor presión fiscal, se ahorran grandes cantidades de dinero (la OCDE ha hecho un cálculo impreciso en el que apunta a unos 200.000 millones de euros anuales que dejan de percibir los países de la organización por las prácticas elusivas) y privan a los Estados y a zonas monetarias enteras de ingresos imprescindibles para hacer frente a los efectos de la recesión o para desarrollar políticas de estímulo de la demanda.

La denominación tradicional de estas prácticas de desvío de ingresos (la compañía va vendiendo productos a precios diferentes y mayores a todas sus filiales hasta que la facturación se concentra en el país agraciado por disponer de una fiscalidad irrisoria) es ingeniería fiscal; convendría cambiar la denominación por la más real de fuga de impuestos. El problema es que no son actos ilegales. Deberían serlo, pero con los dispositivos legales vigentes entre los estados, apenas provocan algo que vaya más allá de la indignación de los países afectados (casi todos los que se han preocupado por organizar una estructura razonable de impuestos para financiar los costes sociales; el último, Reino Unido). Por lo tanto, el primer paso es adecuar la legislación fiscal para que las empresas elusivas se comprometan a pagar los impuestos que corresponden en los países correctos; esto, como casi todo, es más fácil de decir que de hacer. Los apagafuegos tributarios prepararán otro mapa para evadir impuestos en función de los vacíos de la legislación.

Europa trata ahora de reaccionar; pero lo hace con timidez, como suele. El proyecto contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) es un conjunto bienintencionado de 15 líneas de actuación que, desafortunadamente, tiene la carta de naturaleza de recomendaciones. La amplia experiencia conocida en estos casos (como en los amagos de regulación societaria) demuestra que dejar la decisión a la discrecionalidad de los países equivale a trasladar la cuestión a una vía muerta. Casi es más práctica la opción de que el estado negocie con la multinacional por la tributación de sus filiales.

También se puede y se debe explorar la vía de una homogeneización fiscal. Es difícil de explicar por qué existen diferencias significativas de presión fiscal en un área monetaria después de lustros de funcionamiento conjunto; al menos, debería apreciarse una tendencia clara hacia la convergencia fiscal en todos los países de la eurozona, aunque tal convergencia tenga que hacerse compatible con un cierto margen de discrecionalidad impositiva en cada país. La desviación de beneficios e impuestos no se organiza a causa de pequeños detalles en la letra pequeña de la fiscalidad sino básicamente por diferencias sustanciales en la tributación del Impuesto sobre Sociedades (o su equivalente).

La profundidad de la recesión y la persistencia de sus efectos subrayan el daño que causa la fuga de impuestos a la financiación del bienestar estructural de los países afectados (educación, sanidad e infraestructuras). No es un daño que se pueda reparar desde un país o desde un área monetaria; la ramificación es global (hay paraísos fiscales en todo el mundo) y exige acuerdos globales. Y eso es lo que hace más difícil encontrar una solución.