Bruselas permitirá ampliar la lista de bienes y servicios con IVA reducido

Mano ancha en la aplicación del IVA reducido. La Comisión Europea tiene previsto aprobar la semana próxima una propuesta que da más libertad a los Estados miembros a la hora de tomar decisiones fiscales relativas al impuesto sobre el valor añadido: permitirá ampliar la lista de bienes y servicios que se benefician del tipo reducido, o incluso abolir esa lista y dar libertad a las capitales para fijar los tipos impositivos de IVA con apenas unas reglas básicas para evitar la competencia fiscal a la baja, según un borrador al que ha tenido acceso este diario. Es solo el principio del camino: una vez aprobado el texto, tendría que ser aún debatido, y refrendado, por el Parlamento y el Consejo de la UE.

Bruselas introduce con el IVA un sesgo claramente político: sostiene que es un impuesto que puede favorecer el crecimiento si se reducen los tipos impositivos. Pero pasa de largo por un problema mayúsculo: la rebaja de tipos provocaría, en condiciones normales, una caída de recaudación en unas circunstancias en que los presupuestos de varios países están muy estresados, con presiones desde la propia Comisión para atajar los déficits públicos.

El sistema actual de IVA europeo está obsoleto —data de 1993 y entonces se puso en marcha como algo “transitorio”—, es demasiado complejo, constituye una fenomenal bolsa de fraude y ha sido una fuente de conflictos entre las capitales y la Comisión Europea y los tribunales europeos, según la propuesta. En la actualidad, la normativa comunitaria fija un tipo general mínimo para el IVA del 15%, y uno reducido a una lista de bienes y servicios que no puede ser inferior al 5% (para vivienda social, espectáculos, medicamentos y productos básicos). Hasta ahora, la UE litigaba con los socios por su querencia por aplicar el IVA reducido a productos que no están en esa lista. Con esa liberalización acabaría la conflictividad y cada país podría aplicar el tipo que quisiera.

Además, a España, como a otros países, se les permite tener un puñado de bienes y servicios con un tipo superreducido, por aplicarse antes de que entrara en vigor la normativa comunitaria. En el caso español, los tipos están muy alejados de los mínimos europeos, y lo están sobre todo por la exigencia de la propia Comisión, que reclamó insistentemente que la subida de impuestos para reducir el déficit público, disparado tras la Gran Recesión, se centrara en el IVA. De modo que el tipo general en España está ahora en 21%, el reducido en el 10% y el superreducido en el 4%.

Competencia fiscal a la baja

Bruselas presentará a los socios y al Parlamento Europeo dos posibilidades: ampliar la lista de bienes y servicios que pueden aplicarse de los tipos más bajos, y directamente acabar con esa lista y dar total libertad para la fijación de gravámenes. La Comisión es consciente de que eso puede provocar “competencia fiscal a la baja”, por lo que planteará “reglas básicas” para evitar que eso suceda, que el borrador de la propuesta no detalla. E incluso se propone eliminar los tipos mínimos.

La propuesta persigue también reducir el fraude del IVA, muy extendido en las operaciones de importación y exportación. La diferencia entre lo que la UE debería recaudar y lo que efectivamente se recauda asciende a 170.000 millones anuales: España es uno de los países más afectados por esa brecha. De esa cifra, 50.000 millones corresponden al fraude transfronterizo. Bruselas cree que las diferencias de tipos para los bienes y servicios físicos y para los digitales ya no tiene sentido. Y propone cambiar el sistema y gravar en el país de destino de los bienes y servicios, para eliminar de esa manera el 80% del fraude transfronterizo y dejarlo en apenas 10.000 millones, según el citado plan.