Tres energéticas se querellan contra Alemania por el apagón nuclear

El 30 de mayo de 2011, el gobierno alemán que dirigía la actual canciller Angela Merkel, aprobó una medida que convertirá al país, en el año 2022, en la primera gran potencia industrial del planeta en abandonar completamente la energía nuclear. La decisión, adoptada como reacción al desastre de Fukushima, marcó un giro dramático en la política energética del Ejecutivo y puso en marcha un silencioso y largo proceso que será ventilado este martes y el miércoles ante el Tribunal Constitucional, que tiene su sede en Karlsruhe.

Después de intentar sin éxito un acuerdo extrajudicial con el gobierno alemán, tres compañías energéticas. E.on, RWE y la sueca Vattenfall, decidieron querellarse contra la medida, aprobada por el Gobierno hace cinco años, acusaron al Ejecutivo de violar la Constitución y exigen el pago de una multimillonaria indemnización. Las tres compañías no buscan dejar sin efecto la medida del Gobierno, que fue aprobada por el Bundestag en su momento, pero estiman que la ley que hace posible el apagón nuclear en 2022 representa una expropiación ilegal de sus propiedades.

"Espero que se haga justicia", señaló Johannes Teyssen, el consejero delegado de E.on, el mayor proveedor de energía de Alemania, al llegar a la sede del Tribunal Constitucional. "Estoy aquí en representación de miles de pequeños accionistas que invirtieron sus ahorros en acciones de E.on y aseguraron sus pensiones con acciones".

Indemnización multimillonaria

E.on exige el pago de más de 8.000 millones de euros. RWE ha dejado saber en privado que su exigencia superara los 6.000 millones y Vattenfall quiere 4.700 millones. Las tres compañías también exigen al Gobierno que les devuelvan los impuestos que han tenido que pagar por el concepto de varillas de combustible nuclear, y que asciende a 6.400 millones de euros.

A causa del apagón nuclear los tres gigantes energéticos quedaron confrontados a un futuro incierto y se vieron obligados a buscar nuevos caminos para asegurar sus respectivas existencias. E.on y RWE fueron las dos empresas más afectadas y para evitar pérdidas mayores se fraccionaron en empresas para intentar dinero con el cambio energético. Hace una semana, E.on dio a conocer su balance de 2015 y anuncio pérdidas de 7.000 millones de euros. RWE perdió 170 millones.

"Estamos ante una expropiación en toda regla. Una expropiación no consensuada y sin indemnización", señalan las tres compañías en su demanda conjunta. "Se trata de buscar una salida de la energía nuclear justa y equitativa y obtener una indemnización para nuestro patrimonio que nos fue quitado por razones políticas".

El Ejecutivo defiende su postura

El Gobierno alemán piensa diferente. Según la ministra de Medio Ambiente, la socialdemócrata Barbara Hendriks, el Ejecutivo está convencido de que tiene todas las cartas a su favor y que la querella presentada por los tres consorcios carece de fundamento y es inadmisible. "Como gobierno estamos convencidos de que nuestra opinión legal prevalecerá", dijo la ministra en Karlsruhe

El resultado final de la batalla jurídica, que tiene enfrentados a las tres compañías y al Gobierno federal, también dependerá de una negociación paralela llevada a cabo por representantes de las tres compañías y por una comisión gubernamental, que debe encontrar respuestas a dos grandes temas: la financiación del desmantelamiento de las centrales nucleares y el almacenamiento de la basura nuclear.

La factura tiene un precio desorbitante –48.800 millones de euros, según los expertos– y el gobierno ya se ha mostrado dispuesto a asumir parte de los costos, pero exige una retribución. Las compañías deben renunciar a su querella, una medida que fue calificada como un "chantaje".