Dos años de cárcel para el expresidente de Caja Castilla La Mancha

Siete años después de su quiebra, la Audiencia Nacional ha condenado a los responsables de Caja Castilla La Mancha (CCM), que cayó en marzo de 2009. Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de la entidad y exdiputado del PSOE, e Ildefonso Ortega, ex director general, fueron condenados a dos años de prisión por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad. También se les condena a dos años de inhabilitación para ejercer cargos en el sector financiero y a una multa de 29.970 euros, así como al pago de las costas. El juez afirma que no eleva más la pena porque no hubo enriquecimiento personal. El tribunal les absuelve del delito de administración fraudulenta y tendrá que decidir si entran o no en prisión.

El juez de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, considera que estos los directivos enviaron la cuenta de resultados de 2008 con un beneficio neto de 29 millones para que se publicara por la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), cuando ellos sabían que si aplicaban las provisiones exigidas por el Banco de España “las pérdidas hubieran sido galopantes”. “Los acusados utilizaron un ardid contable en el sentido más propio de engaño, disimulo o artimaña o si se prefiere maquillaje o tergiversación”, “falseando” los beneficios de Caja Castilla La Mancha (CCM), dice el juez.

Lo relevante para la Audiencia es que estos supuestos beneficios “causaron un perjuicio económico a terceras personas que se relacionaran con la entidad” por ser depositantes o mantener relación comercial con CCM. La razón de este falseamiento es que Hernández Moltó —que recurrirá la sentencia— estaba, a finales de 2008, “realizando activísimas gestiones para fusionar la caja con Ibercaja y Unicaja, siendo fallidas ambas operaciones. Parece evidente que no es lo mismo negociar una fusión representando a una sociedad en pérdidas o con ganancias”, afirma el auto.

"Desastroso estado financiero"

Una de las defensas de los acusados fue que las cuentas eran provisionales y que, además de a la CECA, se enviaron al Banco de España, “que las podía haber anulado”, dijo Ortega en su declaración. El juez no entra en esta cuestión y sostiene que es igual que sean “provisionalísimas” o definitivas porque en ningún caso se pueden configurar con “beneficios inexistentes” que oculten “el desastroso estado financiero de la entidad”.

También acaban con otra defensa: CCM tenía unas supuestas plusvalías en la corporación industrial que cubrían los 212 millones de minusvalías detectadas por el supervisor. Para hacer frente a todas las exigencias del Banco de España, dice el juez, “haría falta generar plusvalías por 400 millones o el ejercicio se cerraría en pérdidas. Eso son meras ensoñaciones o elucubraciones teóricas de los acusados”.

Por último, la sentencia desmonta el argumento de Hernández Moltó — que se enfrentó con Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España, con gran repercusión en los medios— de que era un presidente no ejecutivo y, por lo tanto, no responsable de las cuentas de 2008. “El Banco de España le considera responsable en el expediente abierto en su día. Aunque según los estatutos era un cargo no ejecutivo realizaba funciones de gestión pues no solo presidió el comité de dirección, sino que se reunía con los directores”.

El juez afea las declaraciones de Hernández Moltó sobre este asunto: “Resulta hasta sarcástico que se presente en el juicio con la imagen de, literalmente, animador sociocultural o reina madre. Inadmisible que descargue su responsabilidad”. CCM fue la primera caja en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, con una inyección de liquidez de 9.000 millones. Tras ser recapitalizada por el Fondo de Garantía, fue vendida con grandes ayudas a Liberbank.

El Banco de España cuantificó en 253,8 millones los perjuicios causados por los gestores. El juez admite que hubo “una mala gestión y un peor control de riesgos”, pero no como para acusarles de administración fraudulenta. El expresidente cobraba 150.000 euros brutos al año, sin ninguna dieta más por asistir a los consejos.Adicae, personada en la causa, y que pedía ocho años de prisión, cree que esta condena supone “un incentivo para el fraude” al no garantizar prisión.