Competencia legaliza la práctica del ‘lobby’

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene prevista la instauración de un registro de lobbies. El organismo ya cuenta con el reglamento y solo queda aprobarlo y ponerlo en funcionamiento. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la transparencia ante la avalancha de grupos de presión y cubrir el vacío legal que existe sobre la materia después de que en la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 no se desarrollara.De esta forma, el organismo que preside José María Marín Quemada será el primero en aplicar una normativa sobre lobby en España y supondrá un antes y un después en la reglamentación española.

La palabra lobby está recogida en la Academia de la Lengua como “grupo formado por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas”. Como segunda acepción recoge que “es un vestíbulo de gran tamaño situado en ciertos establecimientos, como cines, teatros u hoteles”. Precisamente, la primera definición procede de esta segunda y se cristalizó en el siglo XVIII en el Parlamento británico cuando los diputados eran abordados en el vestíbulo (lobby) por grupos interesados en influir en sus decisiones. De ahí que hacer lobbing, o política de vestíbulo, significa hacer presión política para conseguir intereses particulares.

Límites de actuación

El registro supondrá un antes y un después en la reglamentación española

El registro marcará un código de conducta que fije los límites de actuación. Aunque la normativa de la CNMC no obligará a inscribirse como lobby, los representantes de organizaciones privadas, públicas o no gubernamentales que actúen como grupos de presión no tendrán más remedio que registrarse si quieren ser recibidos por los responsables de la CNMC. De esta manera, estos sabrán si se reúnen con un lobbista oficial o no. El registro va dirigido a estas asociaciones empresariales y otros grupos de presión, que es habitual que acudan a la institución a tratar cuestiones regulatorias o cuando las empresas son requeridas o sancionadas por prácticas anticompetitivas.

Para elaborar el código de conducta, la CNMC se ha basado en el reglamento que se aplica en Bruselas por la Comisión Europea, donde su práctica es corriente. Para defender los intereses de un colectivo, los lobbistas presionan a los reguladores y exponen sus puntos de vista de forma transparente para que se tomen en cuenta sus opiniones. Sin embargo, el problema radica en que en los países en los que no está regulada —como lo está en la Comisión Europea, en una docena de países europeos y en Estados Unidos— se considera una actividad oscura e ilegal.

Los responsables del organismo sabrán si se reúnen con un ‘lobbista’ oficial o no

Así ocurre en España, donde además han florecido intermediarios especializados, expertos en moverse con habilidad por las entrañas de la Administración Pública. De hecho, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas (APRI), la única organización que existe en España de lobbistas profesionales, pidió en su momento la legalización de los lobbies, para evitar el intrusismo.

Una vez regularizada la figura del lobby en la CNMC, sus movimientos, al menos en el ámbito de este organismo, permitirán evitar o reducir casos de prácticas contra la competencia, especialmente de carteles y de corrupción. El código de conducta impondrá una serie de actuaciones que hasta ahora no han formado parte del acervo cultural de las prácticas empresariales en España y menos de las asociaciones que las representan y que son las que se mueven por estos vericuetos.

En cualquier caso, los grandes grupos empresariales, con alta presencia internacional, ya están bastante acostumbrados a este tipo de prácticas. De hecho, la mayor parte de estas empresas cuentan en sus departamentos legales con expertos en regulación, competencia y transparencia que son los que se relacionan con las autoridades.

Este es un paso más en la CNMC en aras a la transparencia sobre el que el organismo podría incluso realizar una consulta pública. De hecho, el presidente de la institución ya decidió a los pocos meses de llegar al cargo —en septiembre de 2013— hacer pública su agenda, de modo y manera que cualquier ciudadano puede conocer todos los encuentros y visitas que tiene. Dicha iniciativa no fue muy bien acogida que digamos por todo el mundo, por rompedora, aunque posteriormente se sumó el resto del consejo de la institución.