Un nuevo modelo de regulación de los servicios financieros

En una reciente intervención, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, sugería que España debe evolucionar hacia un modelo de dos reguladores (de “doble vértice”) para los servicios financieros. Uno, el Banco de España, velaría por la solvencia de bancos, aseguradoras, y fondos de inversión (ahora solo es responsable de los bancos). El segundo, partiendo de la actual Comisión Nacional del Mercado de Valores, velaría por la conducta de los principales actores en los mercados financieros (y no solo en Bolsa) para proteger a los consumidores.

La reacción del Secretario de Estado de Economía ante estas propuestas ha sido muy dura, y muy inusual en un país como el nuestro, en el que el Banco Central es independiente. En una nota que circuló a la prensa, el Sr. Iñigo Fernández de Mesa atribuye la propuesta a que el Banco de España se está quedando sin trabajo y busca nuevas competencias: “En Europa se ha producido un cambio en el modelo supervisión y resolución de los bancos debido a la puesta en marcha de la Unión Bancaria, lo que ha dado lugar a un vaciamiento de funciones de los supervisores nacionales hacia el Mecanismo Único de Supervisión y del Mecanismo Único de Resolución”. Además, aprovecha para mandar un mensaje al Banco de España: “El sector asegurador ha superado la crisis manteniendo un alto grado de solvencia y sin recurrir a dinero del contribuyente, lo contrario a lo que ha sucedido en el sector bancario.”

¿Quién tiene razón? La propuesta de Restoy, en la vanguardia de la práctica internacional, coincide prácticamente por completo con la que hacía en las recientes elecciones generales el programa de Ciudadanos. La regulación actual crea importantes conflictos de interés que llevan, con desesperante regularidad, a la desprotección (y estafa) de los consumidores de servicios financieros.

Es desgraciadamente cierto que, como argumentó el subgobernador Restoy, en la actualidad las compañías de seguros y los fondos de pensiones están supervisados “con dependencia directa del Gobierno de turno, en contra de lo predicado por los estándares supervisores y las mejores prácticas internacionales “. Esta característica, el control de los organismos supuestamente independientes por el gobierno “de turno”, muy habitual del capitalismo de amiguetes patrio, es la que defiende con uñas y dientes el señor De Mesa. Al Partido Popular no le han gustado nunca (y sus responsables económicos lo han dicho con claridad) las instituciones independientes. Es sabido que el Gobierno nunca quiso una Autoridad Fiscal Independiente (su creación fue una imposición directa del Memorandum de Entendimiento del rescate de España por la Troika), y ha puesto tales obstáculos a su funcionamiento que esta, la AiREF, ha tenido que poner un pleito contra el propio Gobierno para preservar su independencia. El mismo Gobierno fusionó los distintos reguladores sectoriales (Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y la Comisión Nacional Postal) con la autoridad de competencia (CNC) en un proyecto de creación de un nuevo organismo, la CNMC, bajo estricto control político, que vaciaba gran parte de las competencias de estos organismos y se las asignaba a los ministerios. Por suerte este proyecto fue rechazado por Bruselas, pero el Gobierno ha hecho todo lo posible por neutralizar la posible independencia de la CNMC nombrado a amigos y familiares como consejeros.

Pero no solo es necesario dotar de independencia al supervisor de Seguros y Fondos de inversión. Se trata también de eliminar el actual conflicto de interés que sufre el Banco de España: el supervisor está también obligado a velar por la solvencia de las entidades financieras, y este interés por la solvencia le ha llevado a descuidar sistemáticamente el interés de los consumidores.

Supongamos que los bancos españoles se encuentran en una situación apurada de solvencia. Un creativo banco de inversión propone una solución: un complicado instrumento financiero que, pareciendo un bono normal de renta fija, puede perder su valor si las entidades no son solventes. El Banco de España se enfrenta a un dilema: permite este producto, que servirá para recaudar un preciado capital, quizás necesario para asegurar la supervivencia de los bancos; o lo prohíbe ante el peligro de que los consumidores que lo compren asuman riesgos que no son capaces de comprender.

Este es precisamente el dilema al que se enfrentó el Banco de España cuando las entidades financieras, algunas de ellas incapacitadas para ampliar capital mediante la emisión de acciones (las cajas), propusieron vender al público “participaciones preferentes”, que son títulos que no confieren participación en el capital ni derecho a voto, pero cuyo pago está condicionado a la rentabilidad de la sociedad. La decisión del supervisor financiero coincidió con la de la CNMV: permitir a los particulares el acceso a este complejo producto financiero, anteponiendo el interés por la solvencia a la protección de los consumidores. Las consecuencias son de todos conocidas.

La protección del consumidor de productos financieros lleva años fallando. Se vendieron preferentes a los consumidores por decenas de miles de millones de euros. Las comisiones de los fondos de pensiones y de inversión son escandalosamente altas. Los consumidores han sido estafados no una, sino dos veces, por empresas que camuflaban su operativa piramidal en ventas de sellos con pacto de recompra, por un total de 6.000 millones de Euros (Afinsa y Forum Filatélico). El producto de estas empresas, inversión en bienes tangibles coleccionables (no son entidades financieras), depende, grotescamente, de los departamentos de consumo de las Comunidades Autónomas.

La solución no es, como le gustaría al Gobierno y al Secretario de Estado de Economía, dejar el problema en manos de los políticos. Por el contrario, a solución que ha propuesto Ciudadanos, como la que propone el Sr. Restoy, parte de separar la supervisión de la solvencia de la protección del consumidor. De la protección del consumidor se encargaría una Comisión Nacional de Servicios Financieros, que supervisaría la prestación a clientes de cualquier servicio financiero, incluidos los típicamente bancarios (préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito…), los de seguros y los fondos de pensiones, y cualquier forma de captación de ahorro en España (¡incluidos los sellos!), y, también, como ha sugerido el subgobernador, la supervisión de los auditores. Esta comisión propondría contratos marco, transparentes, para seguros e hipotecas, y podría prohibir algunos productos por complejos u obscuros. Y sí, el Banco de España estaría a cargo de la supervisión de la solvencia de todas las entidades financieras (incluidas las empresas de servicios de inversión y las compañías de seguros ahora supervisados por organismos no independientes), y dejaría de ser responsable de la prestación por los bancos a sus clientes de servicios bancarios.

Es hora de que nuestros gobernantes extraigan lecciones de los repetidos fraudes y escándalos a los que han sido sometidos los consumidores financieros españoles. La solución que ha propuesto recientemente el Banco de España (y Ciudadanos) es buena, es factible, y evitará que se sigan repitiendo con regularidad los mismos escándalos.

Luis Garicano es Catedrático de la LSE y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, donde es responsable de política económica.