Por qué el consenso es posible

Si se llegasen a convocar nuevas elecciones generales, sería una clara manifestación del fracaso de la política, tanto de la "vieja" como de la "nueva". Sin embargo, mi pronóstico es que no las habrá y que acabaremos viendo un acuerdo amplio para una nueva legislatura de cambio. Una legislatura probablemente corta, pero intensamente reformista. Ese pronóstico está apoyado en el hecho de que los españoles han votado el 20-D unos resultados que favorecen el acuerdo. Pero siempre y cuando se elijan bien las cuestiones sobre las que es posible el consenso. Veamos por qué.

Hagámonos una pregunta. ¿En qué circunstancias un líder y un partido estarán más predispuestos a acordar ciertas cuestiones con sus rivales? ¿Cuando tienen una amplia mayoría y la certeza de que la mantendrán en el futuro, o cuando no? La respuesta es clara: cuando estén en una situación de relativa debilidad y tengan incertidumbre sobre su poder político institucional en el futuro. A sensu contrario, la evidencia es clara. En la legislatura que acaba y en anteriores, el PP ha tenido mayorías absolutas. Y ha mostrado escasa proclividad a acuerdos para reformas políticas. Es ahora, en situación de debilidad, cuando la manifiesta. Lo mismo ha sucedido con el PSOE. De ahí que, contrariamente a lo que se piensa, Gobiernos fuertes (en el sentido de mayorías absolutas) no sean Gobiernos reformistas. Ponen por delante sus preferencias de partido sobre las del conjunto de la sociedad.

No hay por qué acusarlos. Su comportamiento es racional. Las personas hacemos lo mismo. Es la incertidumbre sobre nuestra situación futura la que determina nuestras preferencias. Si estamos seguros de que en el futuro tendremos empleo, que podremos afrontar con nuestros recursos cualquier enfermedad y la jubilación, o que nuestros hijos tendrán una educación privada adecuada para garantizar sus oportunidades, entonces seremos poco favorables a pagar impuestos y cotizaciones sociales para financiar los servicios públicos de sanidad, educación, paro y otros servicios sociales.

Es la incertidumbre sobre nuestro futuro lo que nos hace favorables a acuerdos sociales que cubran esos riesgos. La incertidumbre es como una densa neblina que no nos deja ver lo que hay delante de nosotros y nos hace sensatos. Es como cuando vamos conduciendo por una carretera y nos encontramos con una intensa niebla. A esa niebla los economistas y politólogos la llaman velo de ignorancia. Nos hace más racionales y altruistas (o egoístas consecuentes) y favorables al acuerdo social en beneficio de todos.

Los resultados del 20-D son como un velo de ignorancia para todos los partidos. Les impide ver cuál será su situación en el futuro. Eso les hace más proclives al acuerdo. De ahí que los resultados del 20-D, al haber incorporado al proceso político las preferencias de los perdedores de la crisis y la austeridad, sean una bendición para el cambio político.

Ahora bien, el asunto esencial es elegir bien las cuestiones que favorecen el consenso y descartar las que lo dificultan. El acuerdo es más probable cuando afecta a cuestiones de largo plazo, aquellas que afectan a las reglas de funcionamiento de la política. Reglas que cuando son acordadas por consenso mejoran la productividad de la economía y aumentan el bienestar social. Esta debe ser una legislatura orientada a los procedimientos, no a los resultados. Esos resultados —ya sean de las políticas laborales, fiscales o de gasto— se aceptarán si hay acuerdo sobre los procedimientos. De lo contrario, todos cuestionarán la legitimidad de las políticas de los rivales.

¿Cuáles son esas cuestiones que favorecen el acuerdo? Es algo que tendrán que decidir los líderes políticos. Pero algunas son más factibles que otras. Una nueva regla electoral que permita recoger mejor las preferencias del conjunto de ciudadanos, sin penalizar a unos en beneficio de otros. Un cambio en el ordenamiento legal que permita abordar el problema catalán. Y, por extensión, el problema de la financiación suficiente y en condiciones de igualdad para el acceso a los servicios públicos fundamentales que prestan las comunidades autónomas (sanidad, educación, servicios sociales). Así como la reforma del Senado que lo convierta en un verdadera cámara territorial que proteja las competencias autonómicas de los arrebatos ocasionales del Gobierno central y sus ministros. Un acuerdo para la profesionalización e independencia de las instituciones, Administraciones y organismos públicos de forma que evite su patrimonialización por los partidos y la corrupción política. O una posición común sobre la UE y la eurozona, cuyas decisiones tanta influencia tienen sobre la economía y el bienestar de los ciudadanos.

Para ello es necesario un acuerdo de gobierno que desde el inicio de la legislatura convoque la comisión constitucional para que en un plazo razonable, de dos o tres años, se pueda convocar un referéndum en España sobre el cambio en toda España y otro específico para Cataluña. El velo de ignorancia que introdujeron las elecciones del 20-D favorece esta legislatura del cambio, corta pero intensa. Y a partir de ahí, vuelta a la política de partido.

Antón Costas es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona.