Una empresa íntegra para un capitalismo inclusivo

La integridad empresarial se fundamenta en un comportamiento de la empresa con sus grupos de interés guiado por la ética, el respeto y la reciprocidad, que busca armonizar los intereses corporativos con los de esos grupos para obtener legitimidad y reconocimiento social.

No es una ingenuidad hablar de integridad empresarial, créanme. Al inicio de la crisis se habló de la necesidad de refundar el capitalismo y todavía se espera la primera iniciativa, no regulatoria, que genere un ápice de confianza en el sistema económico financiero y en sus actores principales, las grandes corporaciones. Tómese esta propuesta de creación de un Estándar Europeo de Integridad Empresarial como una iniciativa para defender un capitalismo sano e inclusivo, y entendida como un ejercicio de autorregulación inteligente por parte de las empresas, que busca la complicidad de una ciudadanía madura que, mediante un ejercicio de discriminación positiva, gratifique los buenos comportamientos corporativos, de los cuales, también de manera voluntaria, se debe rendir cuentas siguiendo con la tradición del buen gobierno de “cumple” o “explica” tras una evaluación que requiere transparencia y métricas rigurosas de los ocho valores de integridad empresarial: una fiscalidad justa, respeto al cliente, consideración por los empleados, contribución a la sociedad, buen gobierno corporativo, integración de los proveedores, inversiones responsables y sostenibilidad medioambiental.

El grado de justicia fiscal puede evaluarse a partir de dos indicadores: la transparencia fiscal que ponga coto a los tax rulings (Luxleaks, Irlanda…) y la imposición efectiva, cuyas recomendaciones esperan implementar en 2015 tanto el G20 como la OCDE. El respeto al cliente se evaluaría a través del índice de reclamaciones —relación entre las resoluciones anuales favorables a la compañía y el total de resoluciones emitidas— y por el grado de satisfacción de los usuarios, equivalente al porcentaje de resoluciones favorables al reclamante sobre el total de reclamaciones.

La consideración por los empleados se puede valorar en función de la calidad del empleo, que se mide por el número de empleados con contrato indefinido en relación con el total de la plantilla, y la brecha salarial, que es el número de veces que los ingresos de un empleado están contenidos en el ingreso del CEO. La contribución a la sociedad se puede evaluar a través de la inversión social siguiendo el modelo LBG, London Benchmarking Group, que mide el impacto de la acción social en la comunidad y mediante la relación entre la inversión en I+D de una compañía evaluada según la metodología EU Industrial R&D Investment Scoreboard y su capitalización.

Para evaluar el buen gobierno corporativo propongo dos indicadores: la independencia del consejo de administración, en cuya composición al menos la mitad deberían ser consejeros independientes, y la evaluación externa del consejo, anualmente y satisfaciendo ciertas características que garanticen su rigor. El sexto comportamiento —la integración de los proveedores— exige una demora máxima en el pago de 90 días. La inversión responsable es consecuencia de dos nuevos indicadores: la inversión a largo plazo de la compañía y su presencia en al menos uno de los dos índices de inversión responsable de referencia, el Dow Jones Sustainability Index o el FTSE4Good. Por último, la sostenibilidad medioambiental se evaluaría a través de la calificación otorgada por el CDP (Carbon Disclosure Project), muy útil para valorar el compromiso corporativo en materia de cambio climático.

Lo menos importante para el fin que este texto persigue es la nomenclatura de indicadores que, solo a título ilustrativo, acabo de exponer para ejemplificar el contenido de ese deseable Estándar Europeo de Integridad Empresarial. Lo sustantivo es el porqué de esta propuesta, que no tiene otra intención que la de contribuir desde el ámbito empresarial europeo a proteger un capitalismo en vías de extinción; aquel que produjo tres décadas de prosperidad en Europa y en Estados Unidos tras la II Guerra Mundial.

Justo Villafañe es catedrático de la Universidad Complutense.