Cuatro de cada diez solicitantes de la PAC superan los 65 años

La aplicación de la reforma de la Política Agricola Común (PAC) esta campaña ha supuesto una reducción de solo el 4% de los perceptores de las ayudas directas, que ascienden a unos 5.500 millones de euros. Los cambios mínimos introducidos en la actual regulación comunitaria y nacional sobre las exigencias para recibir esos fondos no han sido suficientes para eliminar como destinatarios de los pagos a decenas de miles de personas físicas o jurídicas cuya actividad principal no es la actividad agraria, y que se llevan buena parte de los fondos. Del total de las solicitudes, el 40% corresponden a personas con edades superiores a los 65 años, que ingresan el 30% de los pagos.

Según los datos provisionales manejados por el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, para el cobro este año del pago básico, se han presentado 844.502 peticiones, frente a las más de 880.000 solicitudes de la campaña anterior. Esta reducción de poco más de 35.000 peticiones se ha debido a que personas que iban a perder los pagos han vendido o transferido los derechos, y a pequeños perceptores han unido sus peticiones.

Unas 340.000 solicitudes corresponden a pequeños productores cuyas ayudas no superan los 1.250 euros. En este colectivo hay agricultores a tiempo parcial y profesionales cuyas producciones más importantes no perciben ayudas directas, como el porcino, la avicultura o la mayor parte de las producciones de fruta y viñedo.

Reorganizar los pagos

La organización agraria Unión de Uniones, formada por la escisión de varias Uniones pertenecientes a COAG, cree que no se pueden eliminar de un plumazo como perceptores de fondos a los mayores de 65 años o jubilados. Pero pide que se busquen fórmulas para que, de forma progresiva, el grueso de recursos recaiga sobre profesionales del campo, colectivo estimado en unas 300.000 personas, a los que se suman, además, agricultores a tiempo parcial.

En las negociaciones para la aplicación de la reforma de la PAC en España, uno de los principales debates entre Agricultura, Comunidades Autónomas y el sector fue la fijación de criterios para definir al agricultor activo como destinatario de las ayudas y evitar pagos a personas físicas o jurídicas ajenas al sector. Inicialmente se acordó calificar como activos a las personas físicas cuyos ingresos por la actividad agraria supusieran, al menos, el 20% de los ingresos de la explotación. Esa definición, según Agricultura, fue rechazada por Bruselas por estimar que no se podía obligar a nadie a producir.

Rebaja comunitaria

A la vista de la posición comunitaria, se rebajaron las exigencias para ser considerado como activo y hoy basta con que un peticionario que no llegue a ese 20%, tenga la tierra en buen estado y justifique una serie de acciones de laboreo sobre esa superficie. 

Para UPA, Agricultura nunca tuvo voluntad de imponer más exigencias para cambiar la distribución de los pagos en beneficio de la mayoría de los profesionales, como lo prueba el hecho de no haber establecido un tope de por petición y limitarse solo a aplicar una rebaja del 5% a partir de los 150.000 euros.

Las peticiones de ayuda suponen una superficie total de 25 millones de hectáreas de las que 22.63 millones corresponden al pago básico y otros 2,35 millones a otros regímenes de ayuda.