S&P rebaja la nota de Cataluña por las “tensiones políticas” con el Estado

La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor‘s (S&P) rebajó este viernes la calificación de la deuda de Cataluña de BB a BB-, manteniéndola en el grado de bono basura y con perspectiva negativa por la “tensión política” de la Administración catalana con el Gobierno central. En una nota, la agencia cree que el Gobierno seguirá financiando a la Generalitat y que esta seguirá aceptando esos fondos, pero sostiene que con la rebaja ha querido expresar el “alto riesgo” que supone la falta de comunicación y coordinación entre administraciones.

S&P considera que los resultados del 27 de septiembre arrojan una situación que pone en riesgo la “buena coordinación” entre los dos ejecutivos, lo cual podría suponer que “la deuda de la comunidad se vea comprometida”. La agencia considera que en “los próximos doce meses, las tensiones políticas entre el nuevo Gobierno catalán y el español pueden interferir” en el acuerdo entre ejecutivos que permite a Cataluña “el servicio de su deuda”.

La agencia no prevé que Cataluña deje de “ser parte de España” en el horizonte temporal analizado de hasta 2017. S&P considera que “la falta de mayoría de votos” en las elecciones “debilita” a las formaciones independentistas a la hora de obtener un mandato para la secesión. Además, recuerda que el Gobierno central expresó “su intención” de usar “todos los medios legales” para “prevenir una declaración unilateral de independencia”, lo cual podría “en última instancia suspender la autonomía de Cataluña”.

En el terreno financiero, la agencia asegura que el “desempeño presupuestario” de Cataluña sigue “muy débil”. “Creemos que el Presupuesto de Cataluña y su plan económico y financiero contiene asunciones no realistas sobre los ingresos de concesiones administrativas, la venta de activos y las transferencias del Gobierno central”, señala. Según el Banco de España, la deuda de la Generalitat asciende a 66.813 millones de euros, el equivalente al 32,8% del PIB. El Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), es acreedor de más de la mitad de esta deuda.