Marín pide consejeros “capaces y del máximo nivel” para la CNMC

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín, dejó claras ayer sus preferencias para la renovación del organismo. En una intervención en un seminario organizado por la Fundación ¿Hay Derecho?, Marín reclamó que las personas que ocupen los cargos de consejeros “sean capaces y del máximo nivel”. De esta forma, sin dar nombres, ponía en tela de juicio la renovación de los tres vocales, o de alguno de ellos, a los que les ha vencido el plazo de dos años y que pueden ser reelegidos para otros seis.

Los tres consejeros afectados son Eduardo García Matilla, Diego Rodríguez y María Ortiz. De ellos, los dos primeros pertenecen a la Sala de Regulación, que preside la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández Pérez, y se han alineado con ella en el soterrado enfrentamiento interno que ha cundido en la comisión casi desde su creación. Esa hostilidad se vio reflejada en el voto particular que hicieron al informe sobre el mercado de carburantes, al que se unió Fernando Torremocha, miembro de la sala de Competencia y que se ha hecho famoso por sus habituales votos particulares a los expedientes sancionadores. Ortiz, pertenece a la Sala de Competencia, que preside el propio Marín, y se ha mantenido en su línea.

La renovación de los consejeros corresponde al Gobierno a propuesta del ministro de Economía. Sin embargo, no tiene fecha fija, por lo que es muy probable que el actual titular, Luis de Guindos, deje la decisión para el Ejecutivo que salga de las elecciones generales del 20-D. Evitaría así conflictos. Por un lado, con la Oficina Económica del presidente del Gobierno, a la que está muy cercana la vicepresidenta. Por otro, con el presidente de la CNMC, al que nombró y cuya continuidad quedaría en entredicho si continuasen al menos dos de los tres vocales.

Además, Marín volvió a insistir en la necesidad de que las multas que pone el organismos sean lo suficientemente disuasorias como para evitar que las empresas vulneren la competencia y formalicen carteles. A su juicio, ello obligaría a dar una revisión profunda a la actual legislación sobre el asunto.