Los relevos en competencia, patata caliente para Guindos

El mes de septiembre finalizó el periodo de mandato de tres consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Ortiz, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez. En julio causó baja en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Oriol Amat, que ocupaba cuota catalana y que ha integrado la lista de Junts pel Sí por Barcelona en el puesto número siete. Los relevos los debe proponer el ministro de Economía al Consejo de Ministros y luego pasar al Parlamento. Pero la situación no es la misma. Mientras en la CNMV el cambio es irreversible, ya que Amat ha terminado su mandato y además ahora es diputado autonómico, en el caso de la CNMC los tres que acaban periodo pueden continuar cuatro años más si así lo decide el ministro.

Por eso, el centro de atención primordial está en la CNMC, que tiene 10 consejeros, incluidos el presidente, José María Marín Quemada, y la vicepresidenta, María Fernández Pérez, que a su vez presiden cada uno las Salas de Competencia y la de Regulación. Los ocho vocales restantes se reparten a mitades en dichas salas. Por un lado, la citada María Ortiz, Fernando Torremocha, Benigno Valdés e Iodia Zenarruzabeitia; y Clotilde de la Higuera, Josep Maria Guinart y los también citados García Matilla y Rodríguez, por el otro. Guinart y Zenarruzabeitia fueron propuestos por CiU y PNV, y no han dado quebraderos de cabeza. El resto, por el Gobierno del PP, toda vez que el PSOE se negó a participar al no estar de acuerdo con el modelo elegido que suponía fusionar las antiguas comisiones de Competencia, Energía y Telecomunicaciones, entre otras.

En definitiva, la renovación afecta a dos miembros de la Sala de Regulación y uno a la de Competencia. La patata caliente la tiene Luis de Guindos, que es consciente de que los dos años de vida que tiene la CNMC (este mismo domingo, 4 de octubre, es su segundo aniversario) se han producido tiranteces en la relación entre sus miembros, como consecuencia de la falta de entendimiento entre el presidente, un hombre de su entera confianza al que propuso para el cargo, y la vicepresidenta, proveniente de la Oficina Económica del presidente del Gobierno con el respaldo de su titular, Álvaro Nadal, así como con algunos de los vocales.

En ese sentido, han sido notables las discrepancias surgidas en la Sala de Competencia con dos de sus miembros, Torremocha y Valdés, hombres afines al PP, cuyos votos particulares en contra de la mayor parte de las decisiones tomadas por la mayoría han sido frecuentes, sobre todo las de Torremocha.

Este consejero integró también el grupo encabezado por la vicepresidenta que emitió un duro voto particular contra el informe sobre el mercado mayorista de carburantes en un pleno de la CNMC de finales de julio. El documento del organismo era muy crítico con las petroleras, por “la falta de competencia en el sector y la repercusión en los precios”. La rebelión se quedó en minoría (cuatro frente a seis) al no unirse Valdés, habitual en los votos particulares, ni el resto de consejeros. El voto contra el informe se sustentaba en que las tesis “no están razonablemente bien fundadas”.

A los reiterados votos particulares, de los que llama la atención que sean exculpatorios para las empresas afectadas o pidan una sustancial reducción de la multa, hay que sumar filtraciones a las empresas afectadas, que en sus recursos se remiten a los argumentos de los votos particulares.

En el entorno del Gobierno se conocen las desavenencias y el punto de efervescencia que han alcanzado. La cuestión radica en que Marín Quemada ha actuado con independencia, que era lo que se le pedía, y no le ha temblado el pulso a la hora de desmantelar carteles y poner altas multas sin importarle enfrentarse al poder económico y generar molestias al Ejecutivo. Pero, ante las enemistades granjeadas ha crecido el respeto en la oposición, que ya ve el modelo con mejores ojos, y que dentro mismo del Gobierno lo hayan reconocido.

Guindos, ante eso, está ante la dicotomía de meterse en harina o ahuecar el ala y dejar pasar el tiempo hasta la próxima legislatura para que sea el Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre el que tome la decisión, entre otras cosas porque el mapa parlamentario puede variar sustancialmente. Puede renovar a todos, a ninguno o solo a alguno de los tres. En cualquier caso se significaría. Incluso puede elevarse de 10 a 12 miembros el consejo. Los líos, eso sí, terminarían con la propuesta de incorporar profesionales de reconocido prestigio que no generen discusión alguna.