Los empresarios exigen diálogo y alertan del coste de la secesión

La gran patronal CEOE y la Cámara de España han unido sus esfuerzos para pedir diálogo para el encaje de Cataluña en el Estado español. Los presidentes de las organizaciones, Juan Rosell y José Luis Bonet, ambos catalanes, advierten de que “la secesión tendría consecuencias muy importantes en la actividad económica de Cataluña y es sobre esos efectos concretos sobre los que debería discutirse”. En una carta abierta que presentaron en Madrid la mañana del lunes a la prensa y fue publicada previamente en La Vanguardia exigen que “se reconozca plenamente la importancia de su aportación al resto del España y su peso institucional".

Tras remarcar que muchos “nos sentimos catalanes, españoles y europeos y no queremos renunciar a ninguna de las tres condiciones” y que les preocupa que las decisiones políticas repercutan en el estado del bienestar de los catalanes, los dos representantes empresariales llaman a un consenso para evitar la independencia, teniendo en cuenta los perjuicios que comportaría. En ese sentido, proponen lo que Bonet llamó “las cuatro pes”: palabra, paciencia, prudencia y pacto. “La política es el arte del pacto y no un instrumento de enfrentamiento; los políticos tienen capacidad y preparación suficiente para hacer las reformas necesarias, y que las posiciones partidistas cesen ante intereses de mayor envergadura”, añadió Rosell.

En la carta, destacan que, sin embargo, observan “con preocupación cómo el debate racional con datos objetivos se sustituye a menudo por argumentos emocionales que privan al ciudadano de la información necesaria para tomar sus decisiones, obviando aspectos tan sensibles como el respeto a la Constitución, el Estatuto y las leyes”.

Entre otras consecuencias, “Catalunya quedaría fuera del euro y tendría serios problemas para financiarse porque no podría recurrir al BCE al Mecanismo Europeo de Estabilidad; las exportaciones se verían, ya que se encarecerían, perderían competitividad y los productos catalanes pasarían a estar gravados por la Tarifa Exterior Común,y sus emisiones de deuda se verían muy penalizadas”, además de constatar que "la Europa de los Estados no está pensada para que sus miembros se fragmenten".

Asimismo, destacan que “se resentirían las inversiones, que podrían retraerse en un escenario de inseguridad jurídica y financiera produciéndose deslocalizaciones”. En ese punto, recuerdan que el 10% del empleo catalán procede de multinacionales. Todos esos factores, a su juicio, llevarían a "una menor actividad económica y por tanto menos empleo y unas peores condiciones de vida", afectando particularmente a las pymes, el pequeño comercio y los autónomos.

“Esto será posible en el marco actual de una Catalunya líder de exportación en España y dentro de la Unión Europea, siempre que se den ciertas condiciones: estabilidad política y social, existencia de planteamientos constructivos y alianzas, y, de manera inexcusable, pertenencia a la UE en tiempos de creciente globalización”, concluye. Y para ello, “las instituciones deben aglutinarse al servicio de las empresas y el Gobierno debe impulsar objetivamente las inversiones públicas necesarias para el desarrollo de Catalunya y explicarlas objetiva y racionalmente. Y después ejecutarlas”.