Un informe de Bankia desinfla el caso ‘tarjetas black’
El escrito del banco dirigido al juez que instruye el caso alega que 65 de los 85 consejeros y directivos que usaron las tarjetas no perjudicaron a la entidad
Un total de 65 de los 85 consejeros y directivos imputados por uso indebido de las denominadas tarjetas black, con las que gastaron 15,25 millones entre 2003 y 2012, no perjudicaron a Bankia, según sostiene la entidad en un escrito dirigido al juez Fernando Andreu, instructor de la causa. El banco solo reclama 250.000 euros gastados desde que se creó. La Fundación Caja Madrid sería la perjudicada por el uso fraudulento del resto del dinero, pero no está personada en el juicio.
Bankia ha aprovechado un trámite procesal, el de las alegaciones al recurso de apelación presentado por uno de los imputados, para fijar su posición y dar un vuelco radical al caso, según fuentes jurídicas. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri aclara al juez Andreu su posición en este proceso, donde participa como perjudicado directo, para realizar una matización relevante. “Es prematuro en este momento procesal determinar quién debe entenderse como perjudicado y con legitimación para reclamar válidamente el eventual perjuicio causado”, señala Bankia. En su “afán de precisar”, esta entidad “entiende oportuno emplear el primer trámite posible que se le presenta” para que su silencio “no pueda considerarse conformidad con la afirmación del juzgado”. En distintas resoluciones judiciales, el instructor ha afirmado que si bien “no cabe considerar a Caja Madrid como perjudicado, sí lo es Bankia”.
Esta entidad aclara en su escrito al juez que solo es perjudicada por las tarjetas black que usaron consejeros y directivos que pertenecieron a Bankia “desde que tuvieron lugar las distintas operaciones de segregación [de las cajas de ahorro]”. “Pero con relación al periodo anterior [a enero de 2011]”, aclara Bankia, “los cargos que pudieran haberse realizado en cuentas de Caja Madrid con anterioridad a la segregación únicamente afectarían a Caja Madrid y no a BFA ni a Bankia que no existían como tales”.
Todo lo ocurrido antes de enero de 2011 con las tarjetas black, que afecta al 80% de los imputados y al 98% del dinero comprometido (15,25 de los 15,5 millones gastados entre 2003 y 2013), no tiene perjudicado conocido en la causa. Bankia no se considera como tal y Caja Madrid no está personada.
Matización relevante
Dimisiones por gastos indebidos
El uso de las tarjetas black por los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia para gastos particulares que no incluían como ingresos en sus declaraciones de la renta desencadenó un mayúsculo escándalo.
La mayoría de imputados por esta causa, exdirigentes o dirigentes de tres partidos políticos (PP, PSOE e IU), dos sindicatos (CC OO y UGT) y las patronales CEOE y CEIM dimitieron o fueron expulsados.
Fuentes de Bankia consultadas por EL PAÍS aclaran que era relevante hacer esta matización ante el juez, al margen de los posibles beneficios que pudiera tener para Miguel Blesa y sus ejecutivos, para mantener una coherencia con el planteamiento inicial. De los 15,5 millones defraudados, la entidad presidida por Goirigolzarri solo reclamó 200.000 euros a los cuatro directivos con tarjeta black de Bankia: Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, Matías Amat e Ildefonso Sánchez Barcoj. También pidió 50.000 euros a la Fundación Caja Madrid porque fueron gastados por consejeros de Caja Madrid con cargo a Bankia. Hasta hoy, la Fundación no ha pagado este dinero. Los 15,25 millones restantes corresponde reclamarlos a la Fundación Caja Madrid porque es la heredera de Caja Madrid, que fue la perjudicada por el posible uso indebido del dinero, y sigue viva como sociedad, sostienen en esta entidad. Si este planteamiento se traslada a las preferentes, Bankia entiende que es la que debe pagar las consecuencias de su mala comercialización porque heredó todos los activos financieros de Caja Madrid, pero no sería responsable de crear el producto, si se llevara a los tribunales, ya que lo hicieron ejecutivos de la caja madrileña.
Abogados de algunos de los imputados sostienen que las explicaciones de Bankia sobre la causa permitirían exculpar a sus clientes del delito de administración desleal, dado que no habría perjudicado conocido.
Dos años de investigación de un escándalo financiero
En el verano de 2012, apenas un mes después del rescate de Bankia con 24.000 millones de euros de dinero público, UPyD y Democracia para Rato presentaron sendas querellas contra los gestores de la entidad por falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. El juez Fernando Andreu imputó a los gestores de Bankia, con Rato al frente, y fijó una fianza solidaria de 800 millones, que luego rebajó a 34, a pagar por cinco directivos junto a Bankia y BFA. Dos peritos del Banco de España concluyeron que Bankia falseó sus cuentas antes de su salida a Bolsa, lo que el juez interpretó como un engaño a los accionistas.
En el transcurso de la investigación, el instructor abrió una pieza separada por una querella de la Fiscalía relacionada con el uso de tarjetas de crédito por 86 consejeros y directivos de Caja Madrid, BFA y Bankia. Una auditoría interna de Bankia descubrió la existencia de esas tarjetas black y su supuesto uso indebido entre 2003 y 2012 con unos gastos de 15,5 millones en ese tiempo.
El juez Fernando Andreu optó por imputar a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, junto a alguno de sus directivos. Más tarde, cuando conoció el detalle de los gastos de las tarjetas, optó por imputar a todos los directivos y consejeros por administración desleal y apropiación indebida.
Después, el juez archivó la causa contra una decena de consejeros porque el delito estaba prescrito, y contra otra decena de directivos al entender que habían hecho un uso correcto de sus tarjetas pues en su caso era sólo un complemento retributivo. La sala de lo Penal rectificó al juez y volvió a imputar a estos directivos.
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