Bruselas pide datos a España sobre tratos fiscales privilegiados

La Comisión Europea tiene dudas sobre algunos de los trajes fiscales a medida que ofrecen la mayoría de los países europeos. Bruselas ha pedido este lunes información adicional a 15 Estados miembros, entre ellos España, sobre los marcos preferenciales que dan a las grandes empresas para aliviar su factura fiscal. La iniciativa pretende aclarar si esos esquemas (tax rulings según su denominación en inglés) constituyen ayudas de Estado incompatibles con las reglas europeas de competencia.

La decisión implica que el Ejecutivo comunitario tiene ahora prácticamente a todos los Estados miembros bajo la lupa. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha solicitado información a Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Suecia. Previamente se habían pedido explicaciones a Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda y Reino Unido.

Aunque la Comisión no ofrece detalles sobre cuántos acuerdos dudosos tiene cada país ni a qué empresas afectan, fuentes comunitarias hablan de una media de entre cinco y 10 esquemas fiscales por cada Estado miembro. Todos son para grandes empresas. “Queremos analizarlo cuidadosamente para averiguar si los Estados miembros emplean estos esquemas para dar a las compañías ventajas fiscales selectivas que vulneren las reglas de ayudas de Estado”, ha asegurado Vestager en un comunicado.

Un segundo paso

Las revelaciones del caso Luxleaks, una investigación periodística que sacó a la luz unos 400 acuerdos fiscales de las autoridades luxemburguesas con grandes firmas para reducir al mínimo su tributación en Luxemburgo, impulsó a Bruselas a investigar la competencia fiscal entre países. A finales del año pasado Vestager pidió a los 28 Estados miembros la lista de todos los acuerdos preferenciales que ofrecieran a las empresas para tributar en sus países. A raíz de esa primera información suministrada, Bruselas pide datos adicionales a 15 Gobiernos.

Solo dos Estados –Polonia y Estonia- se han negado a proporcionar estos datos amparándose en el secreto fiscal. La Comisión les da ahora un mes para que envíen la información fiscal. Si no lo hacen, les abrirá procedimiento. También lo hará con esos 15 países a los que se ha dirigido este lunes si de la información adicional que suministren se deduce que esos marcos fiscales les dan a las empresas concernidas una ventaja fiscal que discrimina al resto.

Tras años sin levantar la voz sobre estas prácticas fiscales agresivas, el Ejecutivo comunitario ha decidido presionar a los Estados miembros para que hagan públicos los acuerdos opacos. La mayoría de los Gobiernos europeos ofrecen a las multinacionales trajes a medida que reducen considerablemente sus facturas fiscales. De esa manera los Estados intentan evitar que las compañías trasladen sus beneficios a otras jurisdicciones más ventajosas, algo que acaban haciendo en muchos casos. La presión empieza a surtir efecto: Amazon pagará el impuesto de sociedades en los países europeos en los que opera, no solo en Luxemburgo como hasta ahora.

Más allá de este análisis preliminar, que no prejuzga si se encontrará algo irregular, el Ejecutivo comunitario tiene cinco investigaciones formales abiertas por posibles ayudas públicas ilegales. Competencia investiga a Apple en Irlanda, a Starbucks en Holanda y a la rama financiera de Fiat en Luxemburgo. En este mismo país se indagan también las prácticas de Amazon y, con carácter más general, todo el sistema fiscal para las grandes compañías en Bélgica.